Frente a la pérdida de recursos financieros por la caída de la recaudación y la eliminación del fondo sojero, la provincia ideó una propuesta para auxiliar con dinero adicional a municipios y comunas de Santa Fe. Se trata de un proyecto de ley donde les otorga la posibilidad de gestionar el cobro de deudas del impuesto inmobiliario urbano y rural, incrementando además el porcentaje de coparticipación. En la iniciativa, que deberá ser aprobada por la Legislatura santafesina, también se establece un "premio" para los contribuyentes que estén al día con ese tributo.

Las deudas a cobrar del impuesto inmobiliario son las acumuladas hasta diciembre de 2017. Este plan, en formato de moratoria, surgió luego de varias reuniones que tuvo el ministro de Economía provincial, Gonzalo Saglione, con intendentes y jefes comunales para analizar el impacto que produce en sus respectivas arcas la quita del fondo sojero que implementó el gobierno nacional, además de la retracción económica que hizo bajar la recaudación impositiva.

"Ante la caída en la coparticipación de impuestos derivada de la menor actividad económica, y en virtud del impacto que tiene sobre los municipios y comunas la decisión del gobierno nacional de eliminar el Fondo Federal Solidario (fondo sojero), desde el gobierno provincial buscamos herramientas que permitan compensar parcialmente dicha merma en los recursos de los gobiernos locales", indicó Saglione.

Por tratarse de una modificación parcial del sistema tributario, la iniciativa oficial debe pasar el filtro de las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia.

En rigor, el proyecto de ley incrementa el porcentaje de coparticipación a favor de municipios y comunas para el cobro de esta deuda en concepto del impuesto inmobiliario y rural.

Actualmente un 50 por ciento se coparticipa y el otro 50 queda a favor del gobierno provincial, y con este proyecto de ley, el 60 por ciento será para los municipios y comunas y el 40 para el Estado santafesino.

"Básicamente el proyecto apunta a varios objetivos, por un lado, permitirles a municipios y comunas que gestionen a su cargo la cobranza de la deuda por impuesto inmobiliario urbano y rural vencidos al 31 de diciembre de 2017. Según la información que manejamos, esa deuda asciende hoy a 3.600 millones de pesos", explicó el ministro.

Al ceder la provincia un 10 por ciento de la coparticipación de ese impuesto, los municipios y comunas podrían contar con unos 360 millones de pesos adicionales, cifra que representa la mitad de lo que les hubiera correspondido cobrar por el fondo sojero.

A esta suma se le agregan los casi 380 millones que la Nación dispuso entregar a Santa Fe como compensación de la eliminación del fondo sojero. Pero con la diferencia de que el dinero recaudado por el cobro de la deuda del Inmobiliario se podrá utilizar en gastos corrientes, mientras que lo percibido por el fondo sojero tiene afectación específica a obras presupuestadas.

Beneficios

Saglione también desmenuzó los beneficios que tendrán los contribuyentes que accedan al pago de la deuda. "Esto no significa una moratoria, pero sí un descuento del 10 por ciento de los intereses para quienes opten por pagar la deuda de contado, además de planes de pago de contado con intereses más accesibles que los que ofrece el mercado financiero".

En ese sentido, indicó que quienes no estén alcanzados por el beneficio anterior, pero estén al día al 31 de diciembre de 2018, se les aplicará un descuento del 6 por ciento en el monto del impuesto inmobiliario que deban pagar en al año 2019.

"El dato adicional —amplió Saglione— es el premio a los contribuyentes cumplidores. Quienes no hayan acumulado deuda del Inmobiliario entre los períodos 2015 y 2017 se le descontará un 10 por ciento del total de su pago durante el ejercicio 2019".

Saglione aclaró que "este 10 por ciento debe sumarse 5 por ciento por pago de contado al principio de año o por adherirse al sistema de débito automático".

acuerdo amplio. Saglione explicó que el nuevo plan fue consensuado con intendentes y jefes comunales.

Con más inflación, menor actividad y menos fondos federales, los distintos niveles del Estado comienzan a experimentar la crisis en su recaudación. De allí que comiencen a discutir mecanismos compensatorios y alternativas para amortiguar su impacto.

Fuente: La Capital