La oposición parlamentaria al gobierno de Mauticio Macri lanzará una ofensiva para bloquear los recientes aumentos de tarifas de los servicios públicos dispuestos por el Gobierno. Los intentos de las distintas fuerzas políticas se concretarán a través de proyectos de ley que, además de congelar los importes a valores de 2018, promoverán que los futuros aumentos tengan relación con la evolución del índice de salarios.

Además, varios diputados de la oposición, intendentes del conurbano y dirigentes sindicales evalúan presentar reclamos en la Justicia para suspender los aumentos.

Reflotarán, así, la estrategia seguida en 2018, cuando el Congreso aprobó un freno al aumento de tarifas y forzó a Mauricio Macri a recurrir a un veto presidencial para mantenerlo.

"Estamos trabajando para frenar los aumentos cuando empiecen las sesiones ordinarias, con un proyecto que congelará las tarifas a los valores de 2018, y que a partir de 2020 cualquier aumento no sea por arriba del coeficiente de variación salarial", adelantó Agustín Rossi (FPV).

En el Frente Renovador trabajan en un plan de acción aún más detallado. "Volveremos a presentar un proyecto de aplicación del coeficiente de variación salarial como mecanismo de aumento para que ni la luz, ni el gas, ni el agua aumenten más que los sueldos", indicó Cecilia Moreau.

Otros bloques, como Red x Argentina, que lidera Felipe Solá, y el Frente de Izquierda, confirmaron que presentarán iniciativas similares, en el comienzo del año electoral.

Si la oposición termina unificada en una postura detrás de una sola iniciativa, se repetirá el mismo escenario parlamentario que en 2018, cuando los bloques opositores se unieron para aprobar una ley que retrotraía los valores tarifarios a 2017. Tras ser aprobada, el Presidente vetó aquella ley.

"La ley está vetada. El fundamento conceptual de lo que se votó es la política tarifaria del kirchnerismo, que fue una mentira y nos llevó a los problemas que hoy estamos enfrentando", aseguró en ese momento el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al justificar el veto presidencial.

Los opositores no descartan que la misma iniciativa tenga el mismo final. Sin embargo, Daniel Arroyo (Red x Argentina) confía en que "el humor social no está para volver a un veto". Y afirmó: "El nivel de tensión por las tarifas es muy grande en el interior del país".

Dentro del plan del espacio massista suman la idea de convocar a una comisión bicameral para investigar la actuación de los organismos de control y pedir una citación al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, para que explique las razones de los aumentos.

La vía judicial

Sectores del mundo sindical, pasando por intendentes y dirigentes del PJ bonaerense y del Frente Renovador, insistirán también por vía judicial para suspender los aumentos en las tarifas.

En febrero, una vez que los tribunales reanuden su actividad tras la feria judicial, presentarán amparos y recursos con esa finalidad.

En el espacio massista confirmaron que también impulsarán que el Consejo de la Magistratura cite a los jueces que no atendieron cautelares presentadas por usuarios. A la vez, presentarán un per saltum ante la Corte Suprema para que resuelva rápidamente el tema de fondo.

Confían en el antecedente que sentó el máximo tribunal sobre este tema. En 2016, en uno de sus fallos que suspendieron el aumento de la tarifa del gas, pedía "razonabilidad y proporcionalidad" en las variaciones de las facturas.

Los aumentos dispuestos por la Secretaría de Energía para la tarifa eléctrica rondarán este año el 55%, en promedio. La suba para el Área Metropolitana de Buenos Aires consistirá en una cuota del 26% en febrero, otra de 14% en marzo, y por último, en mayo y agosto de 4 por ciento.

También, ya se fijó una suba del 48,5% en las boletas de agua corriente y cloacas, y se concretará en dos partes: el 17%, en enero, y el 27%, en mayo.

Y para el cuadro tarifario del gas está estipulado un ajuste del 35% desde abril próximo. La modalidad en la que se ejecutará el incremento dependerá de la audiencia pública que se realizará ese mismo mes.

Todos estos aumentos están por encima de la proyección inflacionaria de 23% que fijó el Gobierno en el presupuesto de este año. La oposición insiste en que también supera el Relevamiento de Expectativas de Mercado, que elabora el Banco Central, que estimó una inflación del 27,5% para 2019.

Por el momento, el reclamo por los aumentos en el transporte quedó fuera de la agenda legislativa, ya que estos aumentos dependen, en su mayoría, de las provincias y los municipios.