El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha declarado ayer "nulos" los nombramientos realizados por la Asamblea Nacional (Parlamento), a la que a su vez considera en "desacato", de los "representantes diplomáticos" del autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó. El presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, ha afirmado que la designación de estos "representantes diplomáticos" es "nula" y ha avisado de que quienes acepten el puesto incurrirán en un delito de traición a la patria. Mendoza ha insistido además en que la autoproclamación de Guaidó es ilegal porque no ha habido ninguna vacante en la Presidencia de la República, rechazando en consecuencia "una supuesta transición hacia un nuevo régimen de los poderes públicos".
Según este fallo del Tribunal Supremo de Justicia, Guaidó "usurpa" las funciones del presidente, por lo que se declara "nulo" el nombramiento reciente de "representantes diplomáticos" en Estados Unidos y un grupo de países de América latina.
Delito de usurpación
En su intervención, el presidente de la Sala Constitucional pidió al Ministerio Público que investigue a quienes incurran en "delitos de usurpación de funciones", tras la divulgación del Estatuto para la transición. De igual manera, el TSJ ratificó que cualquier actuación del Parlamento, en desacato desde 2016, será nula y carente de validez.
La Asamblea Nacional, controlada por la oposición y presidida por Guaidó, ha designado en las últimas semanas "representantes diplomáticos" en trece países y ante el Grupo de Lima. Además, fuentes opositoras han confirmado que la próxima semana designará al diputado Antonio Ecarri Bolívar para España.
El pasado 23 de enero, Guaidó se autoproclamó mandatario interino de Venezuela, en un movimiento que han reconocido Estados Unidos, Canadá, la mayoría de países latinoamericanos y numerosas naciones europeas, incluido España. México, Uruguay y la Unión Europea, por su parte, han apostado por reactivar la comunicación entre las partes.
Guaidó ha prometido convocar a nuevas elecciones presidenciales esgrimiendo que las del pasado 20 de mayo, en las que Nicolás Maduro basa su segundo mandato, iniciado el 10 de enero, no respetaron los estándares democráticos, una premisa que comparte la mayoría de la comunidad internacional.
