La Policía Federal Argentina realizó un megaoperativo que culminó con la detención del sindicalista Herme Juárez y de otras seis personas. Los mismos están siendo investigados en una causa judicial por presunto lavado de activos.
Bajo la supervisión de funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones, el personal de la fuerza que lidera Néstor Roncaglia realizó 31 allanamientos en oficinas, viviendas particulares y sedes de cooperativas y mutuales ubicadas en las localidades de San Lorenzo, Puerto San Martín, Funes y Carcarañá (provincia de Santa Fe), Victoria (Entre Ríos) y Merlo (San Luis).
Se destaca que en las acciones tuvieron importante participación funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de la AFIP, del Ministerio de Producción y Trabajo, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Juárez, titular del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y Presidente de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de San Martín, fue detenido en su domicilio. En tanto, otras seis personas – entre las que se encuentran un abogado, un síndico y un socio del mencionado sindicato – también fueron apresados. Cabe resaltar que la citada Cooperativa monopoliza la carga de granos en los puertos del extremo norte del Cordón Industrial de la ciudad santafesina de Rosario.
Los aprehendidos estarían involucrados en diversas maniobras ilícitas, como ser el desvío de fondos desde las cooperativas y mutuales a cuentas privadas de los responsables de las mismas. Ese dinero habría sido utilizado luego para la compra de inmuebles y autos de alta gama.
Por ese motivo, se libró un exhorto internacional a fin de requerir a la República Oriental del Uruguay el aseguramiento preventivo de los cuantiosos bienes que la organización poseería en ese país.
Asimismo, a través del Banco Central de la República Argentina se ordenó el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias, depósitos a plazo fijo y demás productos bancarios y financieros de la asociación, cuyos montos ascenderían a más de 100.000.000 de dólares.
Interviene en los hechos el Juzgado Federal de Campana, a cargo del Dr. Adrián González Charvay.