El gravísimo conflicto del transporte afecta a alrededor de 480 trabajadores de las empresas ERSA Urbano S.A y Mariano Moreno S.R.L que conforman Buses Paraná pero alteró la vida de los paranaenses que deben transportarse dentro de la ciudad o a localidades aledañas.

 El motivo es porque se les adeuda parte del sueldo, una cifra no remunerativa de 13.500 pesos, también las diferencias del incremento del 20 por ciento correspondientes a junio, julio y aguinaldo, suma que estaba fijada hasta septiembre, donde se debería retomar la discusión salarial. 

En el marco de esta medida de fuerza, los colectiveros, nucleados en UTA, resolvieron desde ayer instalar una carpa sobre la plaza 1° de Mayo a la espera de una solución.

 Ante la situación inédita del transporte público de pasajeros, la Municipalidad de Paraná hizo saber oficialmente las medidas y gestiones que desde un primer momento realizó en función de preservar el derecho de los ciudadanos paranaenses ante la paralización de un servicio público esencial como lo son los colectivos urbanos.

Pero, en la parte central del comunicado, se informó que, "recientemente se dispuso enviar al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permita la toma de un crédito para afrontar subsidiariamente la deuda reclamada por los trabajadores de UTA y que pondría fin al conflicto".

De acuerdo a lo que se argumenta en el escrito, "paralelamente a tal efecto, se desestimaría una ordenanza aprobada en el año 2017 por la cual se autorizaba al Departamento Ejecutivo a tomar un crédito de 600 millones de pesos para obras en la ciudad que nunca fue necesario utilizar ya que las obras encaradas fueron realizadas con recursos propios y genuinos".