El juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Guillermo Toledo, rechazó el pedido del juez de Rafaela, Miguel Abásolo, para que la causa que investiga la desaparición de Maximiliano Sosa, sea investigada en la Justicia provincial de San Cristóbal, donde originalmente se inició el expediente judicial, cuando el niño de tres años desapareció de su casa de la localidad de Ceres el 21 de diciembre del 2015.

El fallo, determinó que el expediente continúe en la órbita federal tras sostener principalmente que no es posible “descartar el delito de trata de personas por lo que la declaración de incompetencia no haría más que dilatar el curso de la investigación,  sobre todo teniendo en cuenta que el niño Maximiliano Sosa aún no ha sido encontrado”.

Toledo tuvo en cuenta además la posición del Fiscal general ante la Cámara, Claudio Palacín, que en su dictamen adhirió al recurso de apelación del defensor en torno a la declaratoria de nulidad y además consideró que la declaración de incompetencia “perjudica gravemente el curso de la investigación”.

El juez Toledo resolvió por otro lado confirmar la prisión preventiva por noventa días para los dos imputados que tiene la causa: Patricia Sayago y Ariel Reinaldo Malagueño. Ambos fueron detenidos el 28 de julio del 2016 por efectivos de la Agencia de Trata de Personas de Santa Fe en el marco de la investigación que llevó adelante e impulsó la fiscal Emilce Fissore del Ministerio Público de la Acusación.