Pero del cónclave participarían además algunas de las provincias que no accionaron judicialmente, y que sin embargo apuestan a un derrame de corte “político” de las mieles del fallo.
Sin embargo, a priori esa posibilidad no estaba ayer en agenda de María Eugenia Vidal y del peronista cordobés Juan Schiaretti (de gira institucional en Madrid).
En medio de los tiempos calientes de la campaña, la administración de Vidal está por estas horas sumida en una negociación con el ministro de Hacienda nacional, Hernán Lacunza, en pos de cosechar una compensación que frene un desembarco de Buenos Aires en la Corte, siguiendo los pasos de las 15 que ya ven rendir los frutos de su avanzada. Pero había pesimismo ayer en despachos bonaerenses (ver aparte).
Por de pronto, y en lo que respecta a la cumbre de hoy en la CFI, uno de los funcionarios que asistirán aseguró a este diario que buscarán “consensuar una metodología para determinar un monto” de la compensación.
Según pudo saber Ámbito Financiero de fuentes provinciales, los gobernadores evalúan dos métodos de cálculo de compensación posible:
usar el cálculo ensayado por el propio Gobierno nacional acerca del costo fiscal de las medidas (uno $ 34 mil millones, dicen, sobre lo que habría que aplicar los coeficientes de cada provincia según la ley de coparticipación) o hacer un ejercicio de simulación, sin los decretos de por medio, y “determinar el monto de acuerdo a cómo venía la recaudación” antes de las medidas de Macri.
Por de pronto, bajo el brazo los enviados de cada provincia llevarán un punteo de los montos de pérdidas de coparticipación estimados para su distrito.
Por caso, en el lo que respecta a Entre Ríos, en el distrito que gobierna el peronista Gustavo Bordet estiman un costo fiscal de los decretos presidenciales 561 y 567 del orden de los $1.584 millones, mientras que consideran que el costo que debería asumir el Estado nacional para con la provincia, en lo que respecta a octubre, es de casi $27 millones.
La resolución de la Corte ordenó días atrás que el Gobierno nacional debe hacerse cargo de financiar el impacto de las medidas post-PASO (y pro consumo) de Macri, que erosionan las remesas coparticipables. El mix incluye la suba del piso de Ganancias y la eliminación del IVA en alimentos de la canasta básica, entre otros puntos.
Pero la definición del monto a compensar augura una dura pulseada con la Casa Rosada que, de hecho, pidió ya a la Corte una aclaración respecto de cómo hacer frente a la orden y solicitó la convocatoria a una audiencia entre las partes “por la necesidad de conciliar con las provincias la forma en que se dará cumplimiento a la medida, preservando el interés público comprometido en los decretos 561 y 567”.
