Se trata de una causa que se originó a partir de un desprendimiento del caso central de los "cuadernos" que escribió el chofer Oscar Centeno.
Esta investigación se inició a partir de la declaración que hizo como "arrepentido" el ex funcionario Claudio Uberti, quien tenía a cargo el órgano de Control de Concesiones Viales durante el kirchnerismo.
La resolución fue en la Sala 1 de la Cámara Federal que ordenó el juez del caso Claudio Bonadio profundizar la investigación y realizar una nueva pericia.
Procesamiento por la obra pública
Por otra parte, la Sala I de la Cámara Federal porteña ratificó, parcialmente, el procesamiento de la ex presidente Cristina Fernández en la causa sobre la supuesta cartelización de la obra pública durante la gestión kirchnerista, indicaron fuentes judiciales.
La misma resolución tomó Cámara respecto del detenido ex ministro de Planificación Federal Julio Miguel de Vido al reducir el número de casos de "cohecho pasivo" por el que se les había ampliado el procesamiento en este sumario derivado de la causa conocida como "los cuadernos de las coimas".
Al reducir los presuntos casos de pago de "coimas", el tribunal también confirmó parcialmente la ampliación de los procesamientos dictados a más de un centenar de ex funcionarios y empresarios, entre ellos José López, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Ángel Calcaterra, Eduardo Eurnekian, Lázaro Báez y el financista Ernesto Clarens.
Varios de los procesados actuaron como "imputados colaboradores" o "arrepentidos" confesando su intervención en los ilícitos investigados.
La modificación del número de hechos imputados trajo aparejado la reducción de los embargos ordenados por el juez federal Claudio Bonadio que, en casos como los de la vicepresidenta electa y De Vido superaban los 10.000.000.000 de pesos.
Según Bonadio, en el ministerio y "por indicaciones" primero del presidente Néstor Kirchner (fallecido) y luego por su esposa y sucesora en el cargo, "se organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas civiles".
El magistrado concluyó que las empresas que resultaban beneficiadas con aquella asignación, como contrapartida, debían entregar una suma de dinero que ingresaba a las arcas de la asociación ilícita.
La Sala I de la Cámara rechazó planteos de nulidad de las defensas al estimar que, a pesar de la "complejidad" de la pesquisa sobre los hechos denunciados, salvo en el caso de algunas obras, la intimación brindó a los imputados la posibilidad de ejercer sus derechos a la defensa.
Otras nulidades, también denegadas, referían que los hechos de esta causa habían sido objeto de investigación y decisiones judiciales en la número 9608/18, ya elevada a juicio que tramitará el Tribunal Oral Federal 7.
Los hechos que se investigan en esa causa y en los expedientes derivados "conformarían una única maniobra global y la división en distintos legajos responde solamente a necesidades prácticas atinentes a la investigación de un suceso que -por su complejidad, alcances, cantidad de imputados y volumen de la prueba- puede requerir tal división a efectos pesquisitivos y analíticos", señaló.
Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia dijeron que las entregas de dinero por las que los imputados fueron procesados en la causa 9608/18 "son distintas de las que integran el tramo fáctico abarcado en el presente legajo".
Sobre los "cuadernos" en los que el chofer Oscar Centeno habría consignado datos de recaudación ilegal de fondos, la Cámara recordó que esas "anotaciones de un empleado del Ministerio de Planificación Federal develaron la trama de corrupción que habría existido detrás del auge de la obra pública a lo largo de una década".
Fuente: Agencias Télam y NA
