La Cámara de Diputados de Chile votará este jueves si aprueba una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, por su presunta responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión a las protestas sociales, que desde el 18 de octubre se repiten en todo el territorio contra el Gobierno.

Se trata de una iniciativa planteada por 11 parlamentarios de distintas facciones opositoras —se necesitan 10—, que consideran responsable al mandatario por los abusos cometidos por la Policía (Carabineros) y las Fuerzas Armadas, en el marco de la represión a las manifestaciones de grupos opositores, motorizadas principalmente por gremios y agrupaciones estudiantiles pero también por numerosos ciudadanos independientes.

La acusación se basa en los informes que han elaborado organismos de derechos humanos, tanto del ámbito local como internacional, que dan cuenta de la cantidad de denuncias presentadas ante el violento accionar de los agentes del Estado contra los manifestantes.

En Chile, la acusación constitucional es un instrumento jurídico-político que se encuentra establecido en los artículos 52 y 53 de la Constitución de la República. Apunta a altas autoridades del Estado, incluido el presidente, y aplica ante el "abuso o desviación de poder, infracciones constitucionales y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones".

De ser aprobada, tanto en la cámara de Diputados como posteriormente en el Senado, implica la destitución del acusado, sobre quien además recae una inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años. Asimismo, el implicado deberá afrontar, si hubiere cometido delito, a la Justicia competente, ya sea civil o penal.

La comisión revisora de la acusación estuvo integrada por cinco diputados elegidos al azar: Gastón Saavedra (Partido Socialista), Boris Barrera (Partido Comunista), Sofía Cid (Renovación Nacional), Gastón von Mühlenbrock (Unión Demócrata Independiente) y Daniel Verdessi (Partido Demócrata Cristiano), quien fue elegido como presidente por unanimidad.

El miércoles, este cuerpo aprobó por tres votos a dos avanzar con la acusación, un primer paso del proceso que, aunque no es vinculante, otorga mayor legitimidad al libelo. Según explicó el diputado Verdessi a RT, tras la reunión del miércoles el pleno de la cámara revisará este jueves la cuestión previa, luego el fondo de la acusación, y en caso de pasar ambas instancias lo tratará el Senado.

En la cuestión previa, la defensa del presidente va a anteponer un recurso de inadmisibilidad, que, si se acepta, echará por la borda todo el proceso. El pasado 4 de diciembre, Piñera presentó por escrito su defensa frente a la acusación, en un texto que señala que se le imputan delitos cometidos por terceros. Anteriormente, en declaraciones públicas, el mandatario había dicho que la querella en su contra no tenía "ningún fundamento".

Daniel Verdessi, presidente de la comisión revisora En el Senado, para que se apruebe el proceso de destitución se requieren dos tercios de los votos, un objetivo que la oposición no alcanza aún siendo mayoría, porque la derecha ocupa más de un tercio de la cámara. Por lo tanto, cree Verdessi, no tiene "ninguna posibilidad" de avanzar.

De todas maneras, sostiene el diputado, será "una señal" al presidente sobre los estándares que "nunca más deben ser traspasados" en Chile en relación al respeto de los derechos humanos. Según explicó el legislador a este medio, en el transcurso de la comisión revisora fueron recibidas muchas personas vinculadas al tema desde distintos puntos de vista.

Pasaron el ministro de Defensa, Alberto Espina, el director general de Carabineros, Mario Rozas, así como abogados constitucionalistas, víctimas de la represión, referentes de derechos humanos, entre otros.

Para el diputado, la piedra angular de todo este proceso es el hecho de que hayan llegado organismos internacionales de derechos humanos al país, con informes muy negativos respecto al accionar del Estado, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional.

Por otro lado, está "la preocupación de la comunidad chilena por estas violaciones inusitadas de derechos humanos de civiles, al margen de la falta de capacidad del Gobierno para mantener el orden público". (RT)