El Gobierno definiría por decreto esta semana el aumento salarial a trabajadores públicos y privados, que de acuerdo a fuentes oficiales oscilaría entre 6 y 9 mil pesos, a cuenta de futuros aumentos pactados en negociaciones colectivas.

El incremento, se especula, quedaría eximido del pago de aportes y contribuciones patronales, pero sí aportaría a ítems como aguinaldo, indemnizaciones y vacaciones.

La norma que elabora el Ministerio de Trabajo busca, siempre de acuerdo a los portavoces del Gobierno, "recomponer el poder adquisitivo de los empleados", deteriorado por los altos índices de inflación.

Los empresarios presionan para que se otorgue en 3 cuotas y para que no sea una suma fija sino a discreción de cada sector.

Ahora, tras la firma del Pacto Social -foto que Alberto F. llevará al FMI para la renegociación-, trascendió otro detalle clave: no lo cobrarían los que tienen aumentos ya pactados.

Según Ámbito Financiero, la medida para privados se anunciará entre fines de esta semana y principios de la próxima y entrará en vigor con los sueldos que se cobran en febrero.

Dicho medio agrega que "en el equipo de Fernández aclaran, de todos modos, que el texto final de la norma podrá contemplar los casos de gremios rezagados que se vieron obligados a pautar sus aumentos en cuotas".

Al parecer, el gobierno insiste en que se pague de contado y no en cuotas para fijar un piso salarial de cara al acuerdo de precios y salarios. Por este motivo, sería remunerativo.

"Desde la óptica empresaria la novedad apunta a aliviar a los sectores que ajustaron los salarios de su personal en línea con la inflación y que el año que viene deberán dar más aumentos pactados en paritarias, para evitarles un doble desembolso. El planteo había sido expuesto en una reunión que mantuvieron referentes de la Unión Industrial, las cámaras de Comercio y Construcción y las pyme el lunes pasado con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

También en respuesta a aquellas sugerencias los funcionarios evaluarán eximir el pago de aportes y contribuciones. Aunque confirmaron que el aumento será remunerativo (es decir que hará aportes a las obras sociales y computará para aguinaldo, vacaciones e indemnización, entre otros rubros), podrá quedar a salvo de esos extra a partir de la facultad que el Ejecutivo se adjudicó en la ley de Emergencia sancionada la semana pasada.

La medida podrá quedar atada a la paritaria 2019 –cuyos pagos reducirían o incluso anularían el efecto de bolsillo de la norma- y también a la de 2020 al fijarle un piso de aumentos para la discusión. Los cambios, dijeron los funcionarios, fueron motivados por las recomendaciones patronales y también por la constatación de que el mapa salarial en la Argentina es caótico, con gremios que arrancan sus paritarias en enero y otros en septiembre, sectores que pautan aumentos en cuotas y otros en un único pago, y por la vigencia, a pesar de estar prohibido por decreto, de aumentos no remunerativos", destacó Ámbito Financiero.