Ruth Oitana, integrante del grupo de vecinos Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente de Sastre que denunciaron fumigaciones dentro de la zona de exclusión, comentó por LT9 el fallo de la justicia rafaelina que aceptó una cautelar para que las fumigaciones terrestres no se hagan dentro de los 800 metros de la zona de exclusión, cerca de viviendas y clubes.

"En marzo de 2018 un grupo de vecinos que habíamos visto y denunciado fumigaciones que se estaban realizando dentro de la zona de exclusión, en ese momento de 100 metros, recurrimos al Concejo para pedir que se modificara la ordenanza y extendieran la zona. Pedimos de 500 a 800 metros", comentó la mujer en diálogo con Osvaldo Medina y Mario Galoppo.

Oitana comentó además que en esa localidad santafesina de unos 6000 habitantes en varios puntos limítrofes a los cultivos hay clubes, hospital y escuelas, por lo que ya está contemplado en la ley provincial que deberían haber un límite de distancia de 500 metros para fumigar.

"El pedido resultó polémico. Por eso con los vecinos nos organizamos y formamos la agrupación para empezar a brindar charlas informativas con médicos, referentes judiciales y especialistas en la materia", recordó.

A fines de 2018 presentaron un proyecto para limitar la aplicación de agroquímicos a 500 metros, pero "los productores de Sastre no lo aceptaron de ninguna manera y no se lo llegó a tratar".

Fue allí cuando comenzó a tomar mayor trascendencia el caso de Zoe Giraudo, una nena que se recuperaba de un linfoma de no hodgkin, enfermedad que desde 2015 la OMS ha relacionado directamente con el uso de glifosato y que está referenciada en la cautelar.

"Los padres de Zoe tenían que mudarse a una zona cercana a los campos y viendo que no encontraban respuestas ni del municipio ni del Concejo, decidieron presentarse en la Justicia con el recurso de amparo, al que acompañamos unos 40 vecinos", relató Ruth.

"Se lo presentó en noviembre y en diciembre de 2018 dispuso una cautelar de 400 metros, que cayó a los 15 días en plena feria judicial por una presentación del municipio y del grupo de productores que pidieron ser incorporados en la causa", sostuvo.

Durante casi todo el 2019 se realizaron con normalidad las fumigaciones de las campañas de siembra. "Hasta que en octubre del año pasado la Municipalidad pidió una audiencia de conciliación en Rafaela porque ya había vuelto todo a foja cero. Ahí asistimos vecinos, productores, representantes del Ministerio de Agricultura y Medio ambiente de la provincia, la fiscal general de Estado pero no la municipalidad", señaló.

"De todas maneras, el juez Duilio Hail realizó la audiencia. Luego la Municipalidad recusó al juez pero no fue aceptado por la Cámara. Pasaron los primeros días del verano hasta febrero, que en los primeros días tuvimos la noticia que el juez dispuso la cautelar, que  nos asombró por la cantidad de metros. No lo esperabamos", indicó.

En este sentido, remarcó que "nos sorprendió que el magistrado estableciera los 800 metros como prohibición, habíamos pedido mil metros para fumigaciones terrestres. El juez rafaelino, Duilio Hail, aplicó el principio precautorio para admitir la cautelar, lo que no quiere decir que haya resuelto el fondo de la cuestión", concluyó Ruth Oitana.

Sin embargo, sostuvo que esta medida no resuelve el tema de fondo y que ya hubo un pedido del gobierno local y de los productores para hacer caer la cautelar.