El 11 de febrero pasado causó enorme conmoción en la ciudad de Santa Fe el crímen de un comerciante a plena luz del día y en la zona del micro centro de la capital provincial. Hugo Oldani, propietario de una agencia de turismo había recibido un disparo mortal en la puerta de su negocio, a manos de dos personas que minutos antes habían ingresado a la galería donde funciona el local comercial.

Más tarde las cámaras de seguridad mostraban el ingreso de una pareja y un forcejeo con la víctima al momento de retirarse, que finalizó con la grave herida al empresario, que rápidamente fue asistido y trasladado al hospital Cullen, pero donde a pesar de los esfuerzos,  los médico no pudieron salvarle la vida.

En aquel momentos testigos ocasionales de la situación relataron la presencia de una tercera persona, que sobre un vehículo, esperaba la salida de sus cómplices para huir raudamente de la escena del crímen.

Por el asesinato del empresario Oldani hay tres hombres detenidos e imputados mientras que una mujer permanece prófuga.

Desde un primer momento posterior al grave hecho, las versiones sobre la actividad que se desplegaba en el local comercial de Oldani fueron muchas y apuntaban a la venta de moneda extranjera y el lavado de dinero.

Ahora se conoció que el Ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, presentó una denuncia ante la Justicia Federal para que se investiguen posibles maniobras de lavado de activos por parte de la empresa de Hugo Oldani.

Según trascendió, la presentación se basa en una secuencia de situaciones detectadas luego del homicidio que comienzan con el levantamiento indebido de la custodia policial de la escena del crimen y culminan con la sustracción de una cifra millonaria de dinero que, para el ministro, podrían tener una procedencia ilícita.

Esos bienes registrados en una primera inspección de la escena del crimen —en su momento se habló de cinco millones de dólares— abrieron la sospecha de que en el comercio asaltado "podría haber funcionado una de las denominadas cuevas financieras", sostiene la denuncia, habida cuenta de que el monto hallado —y luego sustraído— "no se condice con las cifras que habitualmente maneja un operador turístico local en su giro comercial".

La denuncia propone investigar además, otros probables ilícitos de competencia federal como el lavado de activos, intermediación financiera no autorizada e infracciones a la ley penal cambiaria y a la ley penal tributaria.

Al menos tres policías fueron investigados por el levantamiento de la custodia solicitada por la Fiscal Cristina Ferraro y la posterior desaparición de una cuantiosa cifra de dinero que estaba en una caja fuerte y en un sector escondido del local.

La denuncia de Saín reconstruye una secuencia de hechos iniciada horas después del asesinato cuando una hija de Oldani se negó a que se inspeccionara la escena del crimen con dos testigos que no tuvieran relación con la familia de la víctima. Finalmente, la fiscal admitió a que el registro se hiciera ante la presencia de la hija del empresario y su esposo.

En ese marco los pesquisas detectaron que uno de los locales tenía una puerta que conectaba con un espacio secreto y con cavidades donde, apilados sobre estanterías, había muchos fajos de pesos y dólares. También se halló una caja fuerte que no se abrió por pedido de la hija de Oldani.

Todo quedó plasmado en un acta del procedimiento que culminó con la colocación de una faja de clausura y una orden de la fiscal para que la policía custodiara los locales y evitara el ingreso de personas ajenas a la investigación.

Sin embargo, según consta en la denuncia presentada en la Justicia Federal por el Ministro de Seguridad de la provincia, esa custodia fue levantada al día siguiente por orden del comisario supervisor José Julián Nizzo, Jefe de la Zona de Inspección Nº 1 de Santa Fe. Según quedó asentado en el libro de guardia de la comisaría 1ª el local quedó sin custodia el 12 de febrero a las 20.26.

La anomalía, que abrió una investigación de la Agencia de Control Policial, fue detectada días más tarde y para cuando se restituyó la custodia, ya era tarde. 

El lunes 17 de febrero los peritos regresaron al local de Oldani para terminar con la inspección que había quedado trunca. La hija de Oldani les abrió la agencia pero esta vez la requisa no encontró elementos de valor, ni fajos de pesos o dólares que habían sido filmados y fotografiados en la requisa del 11 de febrero. Incluso cuando abrieron la caja fuerte no se encontró ningún objeto de valor.

Para Marcelo Saín esa secuencia de hechos amerita una investigación sobre el origen de ese dinero cuyo monto no especifica ya que, los billetes hallados, filmados y fotografiados desaparecieron antes de poder ser contabilizados.

 "En el lugar donde fue el homicidio, señala el texto d ella denuncia, funcionaba Oldani Turismo SRL, cuyo objeto social es del de servicios minoristas de agencia de viajes, de modo que el hallazgo y posterior sustracción de la escena del crimen de una millonaria suma de dinero en moneda extranjera y nacional en principio no justifica ni condice con los montos que habitualmente maneja una operador turístico local en su giro comercial".

"Por ello, agrega la denuncia de Saín, existen elementos serios y verosímiles para inferir que en el lugar del suceso bien podría haber funcionado una de las denominadas cuevas financieras sin autorización de los organismos estatales para realizar operaciones de cambio o préstamo de dinero".