El diputado nacional Eduardo Valdés (FD-C.A.B.A.), integrante de la Comisión Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, sostuvo esta mañana por LT9 que "la democracia argentina debe resolver esta situación del espionaje ilegal, con los juicios a la Junta y de Memoria, Verdad y Justicia, resolvimos el tema de las FF.AA, pero no con las fuerzas de inteligencia y esta es una gran oportunidad. A la comisión la integramos cinco personas de distintos espacios políticos que fuimos víctimas de espionaje ilegal y nos propusimos ir a fondo hasta el final".

"Cuando se ve que a las causas la quieren llevar a Comodoro Py es para que no pase nada", agregó y mencionó que "no tengo dudas que el que condujo los espionajes que saltaron a la luz, no tengo ninguna duda que es Mauricio Macri, todos los caminos convergen a Roma porque los agentes declararon que muchos de los informes los pedía Martinengo".

También comentó que "hay audios de Martinengo que era la directora de documentación presidencial de la casa Rosada y hay reuniones de los espías con la funcionaria en la Casa Rosada". 

"Estamos hablando de un espionaje ilegal horrible, investigaron a Santilli con un ex marido de la mujer que hizo de cocinero para que haga de espía. También está espiado Rodriguez Larreta y yo rescato que se presentaron como querellantes en esta causa", indicó.

Por último, aseguró que "cuando la acción periodística es mafiosa, pasa eso, lo que pasó con Tinelli, que dice que con ese audio lo amenazaba Angelici hace mucho tiempo".

Cabe destacar que el legislador presentó un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal y obligar la eliminación de escuchas de conversaciones privadas realizadas en investigaciones judiciales que no contengan elementos concretos y explícitos de prueba.

La iniciativa del legislador oficialista dispone además que, en esos casos, no debe quedar respaldo informático ni almacenamiento del material y establece que jueces y fiscales deberán ordenar la inmediata eliminación de las conversaciones interceptadas sin relevancia penal ni vinculación con el delito investigado, sin posibilidad de dejar copias ni registro alguno.

"Queremos impedir que se repitan filtraciones de conversaciones privadas que no prueban ningún delito y luego son difundidas por los medios con el solo fin de extorsionar o dañar la imagen pública de determinados referentes políticos, sindicales y empresariales", indicó el diputado.