La provincia de Santa Fe será querellante en la causa en la que se investiga si durante la gestión de Maximiliano Pullaro y de su ex secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, David Reniero, se destinaron fondos reservados de Asuntos Internos para pagar honorarios de abogados que defendieron a policías involucrados en el caso Casco, en Rosario. 

La denuncia fue impulsada por el ministro Marcelo Sain el pasado 4 de agosto ante la fiscal Jiménez, jefa de la Unidad Especial de Delitos Complejos y el fiscal de Estado Rubén Weder pidió al Ministerio Público de la Acusación que acepte al Estado provincial como “parte querellante” en el proceso. 

Cabe recordar que Sain había propuesto “pruebas” y “diligencias” para avanzar en la investigación y ahora Weder pidió el acceso al legajo para la “identificación de cada uno de los querellados” y los que “oportunamente sean imputados”.

Además, el actual titular de la cartera de Seguridad descubrió los hechos que denunció a poco de asumir en el Ministerio. El 23 de diciembre, el director provincial de Control Policial, Juan José Casagrande, pidió un informe sobre el destino de los fondos asignados al área de Asuntos Internos (que hoy es la Agencia de Control Policial) durante los cuatro años de Pullaro. 

Pero en el rubro "gastos reservados”, el informe reveló que hubo un aumento de las partidas "a partir de octubre de 2017 y hasta septiembre de 2018, y se debió a que la diferencia de la suma recibida por Asuntos Internos (78.000 pesos), era destinada al pago de honorarios de abogados del personal perteneciente a esta Unidad Especial que se encontraba involucrado en el caso Casco de la ciudad de Rosario. Esto se dio a partir de una orden del secretario de Control”, señala el informe. En once meses, esa suma ronda el millón de pesos, señaló Página 12.

El fiscal de Estado dijo que ante “los hechos que se denuncian” y “la investigación que se solicita”, la provincia podría encontrarse ante la supuesta “configuración de delitos contra la propiedad y la administración pública”. “Estos delitos atentan contra el patrimonio del Estado” y colocan a Santa Fe “como un auténtico sujeto perjudicado” por el presunto “obrar de los encargados de disponer y administrar los caudales y los fondos del erario público que se investigan”, agregó.