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La Justicia ecuatoriana ordena la detención del expresidente Rafael Correa

Es por haber sido condenado a 8 años por cohecho. Junto a Correa, quien calificó de farsa a la decisión, fueron emitidas órdenes de arresto para otros 17 ex funcionarios de su gobierno. Con esta decisión judicial se cerraron sus posibilidades de ser candidato en las próxima elecciones
JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

La Justicia ecuatoriana ha pedido este miércoles la detención del expresidente de Ecuador Rafael Correa, condenado a ocho años por cohecho en el conocido como caso Sobornos.

Junto al expresidente, el Tribunal ha pedido a la Policía del país la detención de otros 17 condenados, entre los que también se encuentran el ex vicepresidente Jorge Glas, la ex ministra de Transporte y Obras Públicas María de los Ángeles Duarte, el ex ministro de Turismo Vinicio Alvarado o el ex secretario de Agua Walter Solís.

Tanto Correa como Glas han sido privados además de las pensiones vitalicias que recibían por los cargos públicos que habían desempeñado previamente, dicta la sentencia recogida por el diario local 'El Comercio'.

La condena contra Correa fue ratificada por el Tribunal de Casación del país sudamericano el pasado 7 de septiembre, lo que cerró la posibilidad de que el político concurriera a las elecciones presidenciales de Ecuador, que se celebrarán el próximo febrero, como candidato a vicepresidente, ya que también ha sido inhabilitado para desempeñar cargos públicos.

El tribunal sitúa a Correa en la cúspide de una trama que cobraba sobornos a cambio de contratos públicos a una serie de empresas entre la que se encontraría la brasileña Odebrecht, compañía protagonista de la operación Lava Jato, la mayor contra la corrupción realizada en América Latina.

En su cuenta de Twitter, Correa ha tildado de "farsa" la decisión del tribunal en lo que él denomina como "caso Bochornos" y ha señalado que la pensión vitalicia no les fue retirada a otros presidentes del país que también se enfrentaron a procesos legales en los tribunales como Jamil Mahuadad, presidente entre 1998 y 2000, y Abdalá Bucaram, que ostentó la máxima autoridad de Ecuador entre 1996 y 1997.

Aparte de las penas de cárcel, los acusados también están condenados a pagar una reparación de 14 millones de dólares (casi 12 millones de euros) al Estado ecuatoriano a repartir entre ellos así como a pedir disculpas públicas en un acto en la Plaza de la Independencia de Quito.

Además, deberán asistir a un curso de 300 horas de ética laica. Correa siempre ha defendido su inocencia y ha culpado al Gobierno del actual presidente, Lenín Moreno, de iniciar una persecución cuyo principal objetivo es apartarle de la primera línea de la política ecuatoriana. (Notiamérica)

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