La Justicia Penal de Rosario prohibió cualquier modificación de la composición accionaria de la Vicentin Saic y sus firmas vinculadas. También solicitó que se levante el secreto bancario, bursátil y fiscal sobre todo el grupo. La medida había sido reclamada por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Miguel Moreno, quien investiga por estafa a los dueños de la agroexportadora, y apunta a evitar maniobras de vaciamiento de la compañía que se encuentra en concurso de acreedores tras cesar pagos por u$s 1.400 millones.

La prohibición de innovar sobre la composición de la masa accionaria de la empresa que tomó el juez Nicolás Foppiani incluye a las firmas en las que Vicentin Saic tiene participación y a las sociedades que tienen a miembros de su cúpula como representantes legales. Al extenderla a todo el conglomerado, la Justicia Penal rosarina va un paso más allá que los tribunales federales porteños, donde se investigan los cuantiosos créditos otorgados por la anterior administración del Banco Nación a la agroexportadora.

El abogado Gustavo Feldman, quien como representante de uno de los acreedores de Vicentin presentó la denuncia penal por estafa que se sustancia en los tribunales locales, sostuvo esta mañana por LT9 “hemos logrado en Rosario lo que no puedo Policita en Buenos Aires”. 

“El fiscal Moreno pidió el bloqueo de transferencias accionarios de la empresa del grupo y de aquellas que hay sospechas que podría tener vinculación. Hizo entrecruzamiento de las personas físicas, de los directores de una y otra empresa. Lo consideramos un avance muy importante para evitar la fuga y el vaciamiento, y echará luz sobre la trama que denunciamos en su momento” sostuvo Feldman en diálogo con “Primera Mañana”.

El abogado aclaró que “es una medida de acá para adelante”, y que los cambios ya producidos podrían perder validez si alguno de los afectados realiza una denuncia ante la Justicia Civil.

Tras la denuncia presentada por el abogado, Moreno aceptó en julio abrir una investigación penal sobre los directivos de Vicentin. Es en ese marco que pidió al juez la prohibición de movimientos que afecten el paquete accionario. En su solicitud se hizo eco de la información periodística sobre la venta de acciones de Vicentin en Friar y la venta del 16,67 por ciento del capital accionario de Renova a Glencore. También se apoyó en los informes presentados por las actuales autoridades del Banco Nación y la Unidad de Información Financiera (UFI) sobre “el desprendimiento de activos valiosos y sospechosos movimientos de dinero hacia el exterior”.

La medida incluye a las empresas Bos Co, Algodonera Avellaneda, Playa Puerto, Renova, Biogas Avellaneda, Río del Norte, Diferol, Friar, Oleaginosa San Lorenzo,Juviar, Buyanor, Emulgrain, Si Cotton,Terminal Puerto Rosario, La Porfia, Vicentin Desarrollos, Logística Río Arriba, Los Amores, Pedro Vicentin, Los Amores de Vista Flores, Servicios Fluviales y El Renuevo. También se ordenó levantar el secreto bancario, bursátil y fiscal de estas empresas y las siguientes: Bioceres, Enav, Sottano, La Isabelina, Los Colombo, Sudeste textiles, Doña Rosa, Negu, Goldenuno, Industrias Colsa, Los Nenecos y Mercosol.

En la presentación que dio lugar a la medida, el fiscal recordó las denuncias de La Clementina y Cuatro Hojas, empresas a las que Vicentin compró y recibió granos hasta pocas horas antes de declararse en cesación de pagos. También la que realizó la firma Olzen contra la agroexportadora por “licuación del patrimonio empresarial, desvío de fondos hacia cuentas del exterior y la disminución de los patrimonios particulares de las personas físicas asociadas”.

Señaló que la investigación se enfocó en la actividad desarrollada por parte de los representantes del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin, quienes “habrían celebrado contratos de compra venta y recibiendo mercadería, sabiendo y conociendo la imposibilidad de afrontar los pagos de la misma”. Y, citando el informe que el director del Banco Nación Claudio Lozano presentó a la Justicia federal, subrayó que esa imposibilidad de pago se dio en una firma que “entre 2015 y 2018 no hizo más que expandir su facturación”. Por eso, busca determinar si hubo una “crisis autogenerada, a los efectos de no abonar las sumas adeudadas”.

En su escrito, Moreno recogió las presentaciones realizadas por la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe en el proceso concursal que se tramita en Reconquista, y los fundamentos de la causa que se sigue en la Justicia federal porteña por el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación a Vicentin y Algodonera Avellaneda. De ese último expediente extrajo una presentación de la UIF que reporta indicios sobre una “simulación” del estado de cesación de pagos por parte Vicentin, que además “habría utilizado su estructura exterior y/o la de Glencore, para remitir sus ganancias al extranjero”.

También recordó el reporte en el que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) destaca “la tendencia de Vicentin a transferir capital accionario” dentro de las empresas del mismo grupo económico, y el informe en el que Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti describen a pedido del Banco Nación el detalle de estas operaciones. En ese trabajo se expone además el proceso de creación de filiales y holding en el exterior que fueron adquiriendo participaciones en firmas del grupo que antes estaban controladas por Vicentin Saic. Destaca también el entrecruzamiento de directores entre vinculadas. Y le suma los casos detectados de “desprendimiento de bienes” por parte de los directivos de la empresa, a través de donaciones, ventas y desprendimientos de cuotas sociales.

De ese modo, en base a “la evidencia colectada hasta la fecha, y teniendo en consideración la profusa investigación vinculada a la estructura de propiedad de Vicentin Saic y las distintas sociedades que la componen”, Moreno solicitó la medida cautelar sobre empresas y directivos para que no puedan “modificar su composición accionaria”.

Consideró que el requerimiento está justificado por la investigación preparatoria que llevó a cabo a partir de las denuncias recepcionadas, y que están relacionadas con “la criminalidad compleja” por la presunta comisión de los delitos de estafa, defraudación, asociación ilícita y lavado de activos. El pedido fue aceptado.

Fuente: La Capital