El frente Unidad Ciudadana, que encabeza la ex presidenta y senadora electa Cristina Fernández de Kirchner, advirtió ayer tras la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, sobre una "persecución judicial" para "atemorizar a dirigentes de la oposición" y señaló que "está en riesgo la democracia argentina", culpando de esa supuesta situación al gobierno nacional.
El espacio encabezado por la ex mandataria denunció "la delicada situación que atraviesa la democracia argentina" y afirmó que "se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes".
El documento de la UC hizo referencia a la detención de Boudou, al alejamiento de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de su cargo a partir del 31 de diciembre próximo, y a la suspensión del juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Federico Arias. Pero no incluyó mención al detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
El manifiesto, difundido horas después de la detención de Boudou, que fue replicado por Cristina en su cuenta de Twitter, hizo referencia a "una clara maniobra intimidatoria y extorsiva, que tiene por objetivo disciplinar a los dirigentes sindicales y de la oposición política, especialmente a los legisladores, para que voten precarización laboral e impuestazo".
"En Argentina, el gobierno del presidente Mauricio Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar", advirtió Unidad Ciudadana.
Incluso, al alertar sobre esa "maniobra de disciplinamiento como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país", señaló que abarca "a todos los dirigentes políticos, gremiales y funcionarios de la Justicia que puedan llegar a intentar oponerse o detener el programa de ajuste económico que intenta implementar el gobierno nacional".
"Tan sólo en la última semana en Argentina, el Poder Ejecutivo nacional ha logrado correr de su cargo a la procuradora general de la Nación y suspendido a uno de los únicos jueces que se atrevió a fallar contra el brutal tarifazo en servicios implementado desde el año pasado (porArias)", enumeró.
También se plantea que, "en otra clara muestra de apriete y amenazas a los representantes de los trabajadores, hoy (por ayer) el diario Clarín admite que el propio presidente amenazó mediante dos de sus ministros a un importante dirigente sindical con ir preso en caso de no apoyar la reforma laboral que el gobierno nacional intenta implementar en nuestro país".
"En el día de hoy —abunda—, el juez federal Ariel Lijo ha ordenado la detención del ex vicepresidente por un posible entorpecimiento a la Justicia", y sostiene que ese magistrado "es el mismo juez que está investigando la causa del Correo Argentino, en la cual está imputado el actual presidente de la República y su familia, como dueños de la empresa Socma, que tiene una deuda de 70.000 millones de pesos con el Correo Argentino que el propio jefe de Estado intentó autoperdonarse".
"Macri está imputado en esa causa por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Por derivaciones de ese expediente, renunció un procurador del Tesoro y un presidente del Banco Nación por dictámenes que no favorecían a la empresa del primer mandatario", continúa el manifiesto.
En este sentido, sugiere que "es claro que la actual situación procesal del presidente, en cuanto a la posibilidad de obstrucción de la Justicia en causa propia, es infinitamente más grave, por cierta, concreta y efectiva, que la del ex vicepresidente".
"Está más que claro que la privación de la libertad del ex vicepresidente no tiene nada que ver con la causa por la que se lo investiga. Es una clara maniobra intimidatoria y extorsiva que tiene por objetivo disciplinar a los dirigentes sindicales y de la oposición política, especialmente a los legisladores, para que voten precarización laboral e impuestazo, que arruina economías regionales y encarece consumos populares", precisa Unidad Ciudadana.
Y concluye: "Reafirmamos que nunca nos opusimos ni nos opondremos a que se realicen todas las investigaciones judiciales necesarias a los funcionarios públicos, sean del anterior o del actual gobierno, en el marco del debido proceso y del respeto a las garantías constitucionales, propias de un verdadero Estado de Derecho".
Fuente: La Capital
