Los cinco jefes policiales detenidos por brindar cobertura a David Perona, el Zar del Juego Clandestino de Rafaela, fueron imputados este viernes como integrantes de la asociación ilícita de la red que explotaba casinos ilegales en el departamento Castellanos.

Este lunes, el periodista de Rafaela Miguel González, comentó este lunes en Dame Radio que "se trata de tres de los últimos 6 jefes policiales que hubo en Rafaela que están detenidos con una prisión preventiva de 90 días, después de una audiencia del pasado viernes que comenzó a las 17:30 y terminó a las 3 y media de la madrugada".

"La investigación tuvo sus primeros pasos hace más de dos años y permitió la detención de 12 personas en julio en distinto procedimientos donde se investigaba a una asociación ilícita comandada por David Perona, quien tenía una organización que integraban otras tres personas entre ellas su pareja. El resto regenteaban o administraban los locales de juego en Rafaela, Sunchales y Ramona", agregó González.

A partir de esa investigación, hubo más de 30 allanamientos, con la evidencia de testimonios, anotaciones y computadoras secuestradas, y escuchas telefónicas, el propio Perona y un hombre de apellido Uberti, brindaron colaboración como arrepentidos, y revelaron cómo funcionaba el mecanismo de arreglo con los jefes policiales", explicó. 

Precisiones de las coimas a los jefes policiales 

En la extensa audiencia la Fiscalía brindó precisiones: remarcó que valiéndose de sus cargos en la Unidad Regional V de Policía (URV) asentada en Rafaela garantizaron el funcionamiento de las salas del juego clandestino a cambio de sumas que oscilaron entre los 120 y los 280 mil pesos, que podían ser semanales, quincenales o mensuales. El juez Javier Bottero presidió la audiencia y dictó para los cinco policías la prisión preventiva por 90 días. En esta causa ya hay 12 personas imputadas.

De los policías investigados cuatro están retirados y fueron identificados como Juan Pablo Bengoechea, de 48 años, quien fue jefe de la URV y también jefe de la URII de Rosario en 2019; José Pérez, de 51 años, quien fue subjefe de la Policía de Santa Fe en 2016; Fabián Forni, de 57, ex titular de la URV, de la URIX de Reconquista, ex jefe de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y que pidió su retiro en diciembre de 2019; y Javier Gorosito, de 52, ex jefe de Orden Público de la URV.

A estos imputados se le sumó el único policía en actividad, se trata de Favio Aranda, de 39 años, quien fue titular de la Agrupación Cuerpos en la misma época que Bengoechea era el jefe de la Regional del departamento Castellanos.

Estos uniformados fueron apresados en siete allanamientos realizados el miércoles pasado por personal de la Policía Federal: dos en Rosario, dos en Coronda, uno en San Javier, otro en Santo Domingo y el último en Pueblo Muñoz.

El fiscal a cargo de la acusación es Martín Castellano de la Unidad de Delitos Complejos de Rafaela y en una audiencia que comenzó a las 15 de este viernes y terminó a las 3 de este sábado les atribuyó a los cinco funcionarios de la fuerza provincial la coautoría del delito de asociación ilícita en calidad de organizadores.

Además, a Bengoechea, Forni y Aranda les endilgó ser partícipes necesarios del delito de organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente.

El funcionario del MPA aclaró que dentro de la misma investigación ya hay 12 personas imputadas de las cuales, entre ellas Perona, quien está en prisión preventiva junto a otros tres acusados.

Pagos
El fiscal hizo una detallada descripción sobre los roles de los imputados y señaló que los cuatro policías retirados y el policía en actividad junto a otros dos civiles ya imputados, en referencia a Perona y a su socio Marcelo Uberti, “acordaron constituir y formar parte de una asociación de carácter delictivo de manera estable, con suficiente organización y roles definidos (aunque dinámicos)”.

Castellano sostuvo que los civiles investigados entregaban parte de las ganancias obtenidas de la actividad ilegal a los policías en los períodos en que cada uno de ellos formó parte de la asociación ilícita, conforme a un acuerdo existente para el reparto de las ganancias.

“La entrega del dinero era a raíz de la protección policial que brindaban para que las actividades delictivas de la organización criminal sean factibles y desarrolladas con los menores contratiempos posibles”, detalló.

Además, describió que el accionar de los policías consistía en “brindar información –incluso de investigaciones fiscales en curso– para que los civiles conservaran a resguardo las salas de juego”.

También subrayó que estos jefes policiales “impartieron instrucciones para optimizar el rendimiento de la explotación ilegal; volcaron su influencia para obstruir o inhibir cualquier tipo de control, actuación o procedimiento policial y facilitaron las condiciones necesarias para que las salas pudieran habilitarse, mantenerse en el tiempo o bien cerrarse temporalmente, incluyendo el suministro de información sobre investigaciones fiscales en curso”.

Un dato que surgió en la audiencia y que llamó la atención por las sumas de dinero que manejaban fue que “los pagos eran de entre 120 y 280 mil pesos y se hacían de forma semanal, quincenal o mensual de acuerdo a la modalidad establecida por el jefe policial de turno”, explicó el fiscal para agregar que “algunas entregas de dinero se hicieron en el edificio de la Jefatura de Policía de Rafaela, pero otras las hacían personalmente los civiles imputados en la vía pública”.

La Fiscalía describió que una de las direcciones que eligieron los policías y los imputados para concretar las entregas de dinero fue en calle Primera Junta, que da a una de las tribunas laterales del estadio del club Atlético Rafaela.

Los casinitos
En la audiencia, el fiscal indicó que a partir de los indicios de la investigación se conoció que la actividad dedicada a las organización, administración y explotación de los juegos de azar ilegales comenzó en enero de 2017 y explicó que “estaba dirigida a un público indefinido y variado que concurría de manera fluida y asidua a los establecimientos o bien ingresaba a páginas online para disputar los juegos de azar”.

La Fiscalía señaló que pudieron identificar que estas actividades se desarrollaban en siete locales: cuatro estaban en Rafaela, dos en Sunchales y el restante en la localidad de Ramona.

Esos inmuebles estaban dispuestos para el libre acceso de los asistentes para que disputaran juegos de azar mediante la utilización de máquinas y equipamientos electrónicos o bien a través de la modalidad denominada juego o casino on-line.

Castellano contó que los miembros de la asociación ilícita tenía el rol de intermediarios entre los sitios de apuestas y los jugadores ya que les vendían los créditos para pudiera jugar.

Tras escuchar a las partes, el juez Bottero aceptó la acusación de la Fiscalía y dictó para el quinteto la prisión preventiva por el plazo de 90 días mientras avanza la investigación, concluyeron desde el MPA.

Causas en Rosario y Rafaela 
Perona fue detenido en agosto pasado en otra causa por el mismo delitos a cargo de los fiscales de Rosario, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Es que los fiscales de la Agencia de Crimen Organizado y Delitos Complejos de Rosario seguían los pasos de una banda de extorsionadores donde quedó vinculado otro empresario, Leonardo Peiti, como parte de una asociación ilícita ligada a la explotación del juego ilegal.

En esa causa, el organizador de esta banda es un lugarteniente de la banda Los Monos, identificado como Maximiliano “Cachete” Díaz, quien fue imputado por el crimen de Enrique Encino ocurrido el 11 de enero pasado cuando tirotearon el casino City Center.

También fueron sindicados como miembros el ex jefe policial Alejandro “Pipi” Torrisi y Perona. Este último apareció en escena tras una serie de allanamientos en busca de Peiti, quien luego se presentó y declaró como arrepentido. Sus dichos junto a otras evidencias derivaron en la caída en desgracia del entonces fiscal Regional de Rosario Patricio Serjal, el fiscal Gustavo Ponce Asahad y el empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Nelson Ugolini, quienes están acusados por cobrar unos 5000 dólares mensuales al empresario a cambio de brindarle información y protección.