El Tribunal de Cuentas de la provincia formuló una observación total al decreto 998/20, por el cual el gobierno aprobó el 21 de septiembre la autorización a los concesionarios de los casinos Puerto Santa Fe SA, City Center de Rosario y Casino Melincué SA, a implementar, operar y explotar los juegos de azar a través de la modalidad complementaria denominada online o virtual por 15 años.

 En tres puntos, se deja en claro que la modalidad virtual no está regulada por la ley 11.998 que en su momento habilitó la actividad de bingos y casinos en la provincia de Santa Fe, ya que "ésta sólo autoriza a Casinos y Bingos físicos o presenciales", y que "el Poder Ejecutivo no se halla facultado para autorizar el desarrollo de la actividad mediante el dictado de una norma de inferior rango", como el decreto.

 En el punto dos del dictamen, se indica que "en caso de que el órgano estuviera facultado para habilitar esta nueva modalidad, en el caso bajo análisis, y con el fundamento primario en las consecuencias de dicha pandemia como elemento central en los actuados, dicho argumento aparece como insuficiente para fundar una habilitación de semejante extensión temporal; y por lo tanto el acto se encuentra viciado por no contar con la motivación suficiente".

Por último, plantea que "la habilitación que por el acto administrativo bajo análisis se pretende otorgar no se encontraba expresamente prevista en el pliego, generando un cambio en los términos de la concesión oportunamente dispuesta".

Los vocales recuerdan que la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento creada por la Ley Nº 11998 "constituye un acto imprescindible para cualquier modificación posterior a realizarse en los términos de los contratos oportunamente suscriptos".

Como eso no sucedió, "el acto se encontraría viciado por esta omisión, y dicho vicio no es subsanable con la sola comunicación posterior", remarca.

La observación lleva la firma de Lisandro Mariano Villar, María del Carmen Crescimanno, Dalmacio Juan Chavarri y Estela Imhof. Resta la rúbrica del Presidente del Tribunal Oscar Biaggioni y del contador Sergio Beccari, en uso de licencia por cuestiones familiares.

Como se informó, el decreto fue considerado ilegal por la oposición y generó una denuncia penal del ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, hoy diputado del Frente Progresista Cívico y Social, y de su colega Fabián Bastía, como así también un pedido de informes del ex ministro de Gobierno Pablo Farías, legislador del mismo bloque. 

En ese sentido, voceros políticos anticiparon novedades judiciales para la semana próxima, en el marco de una investigación que tienen a cargo los fiscales Giménez y Hernández.

Por su parte, la cámara de diputados citó a las autoridades de Lotería de Santa Fe, a quienes piden explicaciones debido a que el decreto lleva argumentos jurídicos del cuerpo legal de ese organismo y la firma de su Titular.