El gobierno, que realizará una inversión cercana a los 300 millones de pesos para una obra que realizará en tres etapas, desea poder brindar el servicio de distribución y no entregarle la obra concluída a Litoral Gas.

Para ello iniciaron las gestiones tendientes a conseguir la autorización, para a través de la enmpresa provincial de gas, convertirse en distribuidores.

Desde la provincia aseguran que las demoras pasan por "la reserva" que mantiene la empresa privada, licenciataria del servicio, en cuanto a la distribución del servicio. 

Pero desde Litoral Gas sostienen que “el proyecto ya está aprobado, la financiación la pone la provincia y nosotros podemos operar y mantener el gasoducto".