Es bastante habitual que oposiciones de diverso pelaje denuncien discriminación en la distribución de los recursos públicos por parte de los gobiernos de distinta escala. Este discurso se profundiza cuando la gestión es del PJ, en tanto allí se agrega un condimento autodefinido como republicano por parte de sus contradictores, consistente en acusar al PJ de confundir Estado con Partido.

Es lo que ocurre en Santa Fe con el Plan Incluir, una de las herramientas más potentes que tiene la administración de Omar Perotti. Es constante el repiqueteo de denuncias por reparto de fondos con presunto sesgo hacia municipios y comunas conducidas por justicialistas. ¿Pero es realmente así?

Conviene hacer primero un poco de historia. El antecesor del Incluir es el Plan Abre, cuyo nacimiento se produjo en el gobierno de Antonio Bonfatti y con un criterio de focalización en los barrios más vulnerables de las ciudades de Santa Fe y Rosario, a las que se sumaron luego Santo Tomé y Villa Gobernador Gálvez, pertenecientes a los mismos respectivos aglomerados urbanos y todas bajo el mando del Frente Progresista.

En 2019, la Legislatura aprobó un proyecto del senador Armando Traferri para extender el Abre al resto de los municipios de la provincia, con un mecanismo de distribución que incluía intervención legislativa. Se dio en un contexto especial: la iniciativa, varias veces presentada y rechazada, logró consenso cuando ya Perotti había ganado las elecciones y en paralelo con la sanción del presupuesto 2020 diseñado por el gobierno de Miguel Lifschitz, todo ello con el evidente objetivo de condicionar a la gestión entrante.

El nuevo mandatario no aceptó esa imposición y el año pasado firmó un decreto en el que declaró inaplicable la Ley del Plan Abre, tras una presentación de la comuna de Gobernador Crespo en la que pedía que se determine la inconstitucionalidad de la normativa por discriminación hacia las administraciones de las pequeñas localidades. En ese mismo decisorio nació el Incluir.

De esta manera, y a través de esta audaz movida, el gobierno de Perotti se sacó de encima los límites que le quería imponer la sociedad legislativa Frente Progresista-senadores traferristas, aprovechó el presupuesto del Plan Abre y lo reconvirtió en el Incluir. Las quejas por supuesta discriminación no tardaron en escucharse.

En estos casos, más allá de las declamaciones de unos y otros, siempre es útil apelar al documentación oficial y a los números que de allí surgen para establecer conclusiones de mayor solidez. Así, se pudo acceder a tres tramos de decretos gubernamentales relacionados con el Plan Incluir y firmados por Perotti en los últimos dos meses.

De allí se puede establecer que se asignó en este tramo un monto total de $ 640.160.874,67 para 12 municipios y 21 comunas. De ese número global, un 35,68% fue para localidades gobernadas por el peronismo. Del 64,32% restante, casi un tercio se lo llevaron gestiones encabezadas por una o un dirigente de la UCR. Vale aquí una aclaración: no se hace el distingo sobre si se trata de radicales del Frente Progresista o de Juntos por el Cambio porque, tras los corrimientos totales o parciales operados luego de la muerte de Lifschitz, las fronteras en muchos casos son difusas. Lo que sí se puede señalar claramente es que las dos grandes ciudades, Santa Fe y Rosario, ambas conducidas por intendentes inequívocamente inscriptos en el FPCyS, obtuvieron el 36,26%, o sea más que todas las administraciones juntas del PJ.

Se podrá decir, no sin razón, que es demasiado caprichoso establecer porcentajes en un tramo temporal tan corto. Atendiendo ese argumento, es bueno en consecuencia observar lo que ocurrió en el único año completo del gobierno actual. Según describió el blog Nestornautas, con base en datos oficiales, en 2020 se otorgaron $ 2445 millones por el Plan Incluir, un 78% de los previstos inicialmente para el Abre. De ese total, $1847 millones fueron para municipios y comunas, de los cuales un 46,57 % fue para gobiernos peronistas, 42,87 % para el Frente Progresista y el restante 10,56 % para terceras fuerzas.

En el departamento La Capital ocurrió algo singular. De acuerdo al relevamiento de LT9, se asignaron fondos por un total de $334.886.689,16 para Llambi Campbell, Arroyo Aguiar, Emilia, Santa Fe, Laguna Paiva, Nelson, Campo Andino, Monte Vera, Arroyo Leyes y Recreo. Son cuatro administraciones justicialistas, 4 del Frente Progresista y 2 de Juntos por el Cambio. Esa aparente paridad deja de existir cuando se observa el destino de los recursos: 82,76% para el FPCyS, 14,94% para el PJ y 2,29% para JxC.

Para acercarse a un análisis más integral, es válido revisar cómo fue la distribución de recursos públicos en su formato discrecional durante los gobiernos protagonizados por los actuales críticos del Incluir. Un ejemplo es el denominado Programa de Fortalecimiento Institucional, que consistía, básicamente, en un mecanismo de subsidios relativamente chicos a sola de firma del gobernador. En 2019, último año del Frente Progresista en la Casa Gris, los porcentajes de asignación de dinero eximen de mayores comentarios: 90,89% para el oficialismo, 4,26% para las diferentes expresiones del vecinalismo, 2,58% para Cambiemos y 2,27% para el PJ.