La vecinal de bario Siete Jefes dio a conocer una nota en la cual reclama a la Municipalidad y al ministerio de Seguridad más medidas para frenar la ola de inseguridad que azota la zona.
“Con mucha preocupación y tristeza vemos un aumento en el número de casos de inseguridad de nuestro barrio, así como también un encarnizamiento cada vez mayor en el daño que se provoca a las víctimas de estos hechos” señalaron desde la vecinal en un comunicado.

Agregaron que el año pasado hubo un “cacerolazo masivo y que los hechos de inseguridad descendieron notablemente”, pero “pareciera que el problema ha regresado y esta vez con toda su furia”.

En este sentido, le reclamaron a la Municipalidad un mayor control sobre motovehículos; sanciones más severas a aquellos conductores de motos que circulen sin patente o papeles del vehículo; y la iluminación en la zona de la ciclovía.

Y al ministerio de Seguridad, le solicitaron  mayor circulación de policías; solución inmediata del problema de usurpaciones ilegales en los terrenos del ferrocarril; y mayores equipamientos para la seccional 3ra.

A continuación, la nota completa:

Con mucha preocupación y tristeza vemos un aumento en el número de casos de inseguridad de nuestro barrio, así como también un encarnizamiento cada vez mayor en el daño que se provoca a las víctimas de estos hechos.

A pesar de que el 6 de marzo de 2020 la ciudad realizó un cacerolazo masivo y que los hechos de inseguridad descendieron notablemente durante los meses de confinamiento, pareciera que el problema ha regresado y esta vez con toda su furia.

En los últimos meses, desde la vecinal, hemos tomado varias medidas con respecto a este tema: visibilizando nuestra problemática en los medios de comunicación, elevando notas a las autoridades correspondientes, realizando un mapa delictual que facilite el diseño de estrategias adecuadas por parte de la policía y los funcionarios a cargo de la seguridad, denunciando en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) los tiroteos que tanto angustian a nuestros vecinos de calle Vélez Sarsfield y a todos los santafesinos que transitan por esa zona (Expediente N° 21 08589257 3).

Sin embargo, todo parece poco a la hora de que nuestra situación tenga una solución seria.

Necesitamos de forma urgente que el gobierno cumpla con sus obligaciones y concrete acciones con respecto a la inseguridad, una problemática que lamentablemente es prioridad durante las campañas políticas pero que parece diluirse y desaparecer una vez que quienes nos prometen resultados asumen sus cargos.

En la última década, los ciudadanos nos acostumbramos a recibir de nuestros gobernantes una y otra vez las mismas respuestas: que es muy difícil el control de motovehículos sin patentes ni papeles, que es imposible detener a los motochorros,

que no puede hacerse nada con los tiroteos que se dan con mayor asiduidad en los barrios, que no hay personal, que no hay recursos...

Hemos normalizado de alguna manera esas respuestas, resignándonos cada vez que las recibimos de los funcionarios de turno, al punto de exponernos físicamente todos los días que salimos a la calle. Cada vez que la situación lleva al límite la paciencia de los santafesinos, el gobierno hace circular un par de patrulleros como para calmar las aguas, pero a los pocos días los patrulleros desaparecen junto con la paz y la sensación de seguridad de los vecinos.

Con el tiempo, hemos olvidado algo elemental: que cuando se habla de seguridad, el Estado no puede alegar la falta de recursos. El Estado no puede alegar incapacidad.

Aún cuando nuestros políticos incluyen a las mujeres en lo discursivo, parecen mirar hacia otro lado cada vez que alguna de ellas es lastimada, golpeada, arrastrada por delincuentes. Irónicamente, en tiempos en los que hablamos de “empoderamiento”, las mujeres perdieron su derecho básico de caminar por nuestras calles sin sentirse aterradas. Lo mismo ocurre con los sectores más débiles de nuestra sociedad: personas humildes, jubilados, niños...

Desde hace más de una década se ha impuesto una política de seguridad que demuestra día a día su propio fracaso. No lo decimos nosotros, lo dejan en evidencia las mismas cifras de inseguridad. La delincuencia ha superado en eficiencia al Estado. Los delitos aumentan, el narcomenudeo aumenta, el número de motos sin papeles aumenta, los asentamientos ilegales aumentan, la ferocidad de los delitos aumenta, la cifra de asesinatos aumenta. Mientras, la política insiste en el error a pesar de los resultados obvios.

Al mismo tiempo, tampoco se trabaja a largo plazo para combatir el delito. Miles de niños crecen marginados de su derecho a una educación y miles de adultos no son formados siquiera en un oficio aún cuando nuestra ciudad ha invertido en la construcción de varias escuelas de oficios. En ese camino, es imposible creer que parte de nuestra población pueda salir algún día de la exclusión a la que la misma política los somete.

No existe futuro posible ni mejoramiento de las cifras delictivas por esta vía. Y eso es

algo que nuestros políticos deben comprender.

Como comisión y como vecinos nos resistimos a acostumbrarnos a esta realidad. Nos resistimos a normalizar un panorama en el que las personas mayores son arrastradas y lastimadas, en la que nuestros niños viven situaciones traumáticas en la calle cuando tienen derecho a una infancia tranquila y protegida, a que las mujeres no puedan caminar en paz y de que el hecho de trasladarse en bicicleta por nuestro barrio se haya convertido en un riesgo de vida.

El 30 de marzo de este año, en una reunión de la Mesa de Seguridad Local, se anunció que se destinarían a la ciudad más efectivos para tareas de calle y se unificarían los sistemas de videovigilancia municipales y provinciales, que a partir de esa semana se intensificarían los operativos conjuntos de control de vehículos, particularmente motos y remises, y que habría "operativos de saturación mucho más fuertes".

En la misma línea, se prometió que se iban a iniciar reuniones con las vecinales; que se iban a poner a disposición las 170 cámaras de que dispone la Municipalidad para monitorear, que los empleados municipales iban a estar disponibles para colaborar en los operativos y que se iba a trabajar para identificar permanentemente los puntos más inseguros “para atacar ahí, con una mesa de coordinación que hemos dispuesto para eso". (Mirador Provincial, 20 de marzo de 2021) Nada de eso sucedió.

El 14 de abril, en una nueva reunión de dicha Mesa, las autoridades a cargo escucharon de boca de los propios vecinos el pedido de medidas más efectivas para combatir el delito en Santa Fe. Reiteraron que habría más patrulleros y agentes y prometieron reuniones semanales con vecinos por inseguridad. Esta fue la primera reunión en la que los funcionarios abrieron participación a la Red de vecinales por la inseguridad. Una vez más, todo quedó sólo en grandes titulares. (Diario El Litoral, 14 de abril de 2021)

Dos semanas después, el 28 de abril, las autoridades repitieron las mismas estrategias y agregaron: "tenemos prevista una reunión con los fiscales para que puedan apoyar los diversos operativos que llevamos a cabo con las fuerzas provinciales y federales y sobre la pronta incorporación de motos y vehículos policiales

para reforzar el equipamiento". (https://www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/270806/)

Nuevamente, la buena voluntad quedó presa de grandes titulares pero no se tradujo en acciones concretas. Y hoy, encontrándonos a principios del mes de agosto, no sólo no vemos resultados en la política de seguridad en los barrios, sino que nos hemos convertido en atónitos testigos que ven cómo personas honestas y que sólo desean salir adelante en una época sumamente complicada, son agredidas cada vez con más saña.

Entendemos que a fin de coordinar y diseñar una política de seguridad deben realizarse reuniones. Sin embargo, lo que notamos es que a pesar de los numerosos encuentros en los que se prometen medidas y se crean nuevos comités y cargos, los ciudadanos estamos cada vez más desamparados en nuestro derecho de vivir en una sociedad ordenada, reglada, con justicia y en paz. Y nuestros vecinos siguen siendo víctimas de inescrupulosos que no sólo parecen no valorar la integridad ni las normas básicas de convivencia social sino que se refugian en la absoluta impunidad y laxitud que se les termina dispensando desde el Estado.

Hemos redactado una nota a la Mesa de Seguridad Local en Santa Fe en la cual manifestamos en detalle cuáles son nuestros reclamos. El mismo cuenta con el apoyo de 869 firmas de vecinos que viven o trabajan en nuestro barrio, pero creemos que refleja la impotencia y la voz de cientos de miles de santafesinos. Ojalá, al menos por una vez, la política sepa escuchar.

Los saludamos atentamente.

Comisión vecinal barrio Siete Jefes