Organizaciones sociales, políticas, gremiales y de Derechos Humanos convocaron a una manifestación este viernes a las 11 de la mañana frente al Tribunal Oral Federal de Santa Fe -Primera Junta y San Jerónimo- a raíz de una resolución que beneficia a condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.

Se trata de los sentenciados durante el juicio conocido como Causa Laguna Paiva, que terminó el 7 de julio pasado con penas de entre 5 y 16 años de prisión contra los exagentes de la División Informaciones (D2) de Policía de Santa Fe: Fernando Sebastián Mendoza, Eduardo Enrique Riuli, Rubén Oscar Insaurralde, Antonio Rubén González, Omar Epifanio Molina y Germán Raúl Chartier.

La pena más elevada la llevó Chartier, que le dio el nombre a la causa, sentenciado a 16 años de prisión, y los demás recibieron entre 5 y 6 años de cárcel.

Pero ahora, familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas están denunciando que los genocidas consiguieron el beneficio de la libertad condicional, es decir, con algunas restricciones, lo que entienden como un acto de impunidad.

A través de un comunicado que se titular "Se escribe libertad condicional, se pronuncia impunidad”, manifestaron que "durante el juicio de Laguna Paiva, 41 años después, 41 testigos, nos mostraron el horror que vivieron durante la cacería para secuestrar a Catalino Páez, militante del PRT".

"Durante las audiencias, ese horror dejó de ser sólo de ellos y ellas, lo hicieron colectivo. Me lo entregaron a mí, a vos, a todes, también al Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Vemos con mucha preocupación la libertad condicional otorgada a los genocidas", agregaron.

Hacia el final hicieron énfasis en que "por esas infancias vulneradas en sus derechos -hoy adultos que honran la memoria- y para que efectivamente el nunca más, sea nunca más, exigimos urgente indagatoria y prisión preventiva en cárcel común a los siete genocidas condenados por delitos de Lesa Humanidad".

El caso

El proceso oral y público que finalizó en julio pasado analizó las detenciones ilegales y tormentos sufridos por once víctimas entre febrero y abril de 1980, durante la dictadura cívico-militar.

Los detenidos eran trabajadores del "Frigorífico Nelson" y conformaron la agrupación sindical "La Lucha", reconocida como una ramificación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y fueron alojadas en varios centros clandestinos de detención ilegal de la ciudad de Santa Fe, y luego trasladados a varias cárceles del país.

"Catalino Páez (una de las víctimas) no fue asesinado, si fue secuestrado junto a toda su familia. Él falleció en 2016 luego de declarar en Instrucción. Pero tenemos que tener en claro que para su captura secuestraron a toda su familia: sus hermanos, sobrinos, hermana, su mujer y un hijo que por entonces tenía 14 años dejando a sus demás chicos solos", había contado por LT9  el el abogado querellante por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Rosario, Federico Pagliero, en el comienzo del juicio.

El letrado dijo que junto a Catalino fueron secuestrados, torturados y destinados a distintas cárceles otros obreros del frigorífico Nelson, pero que son oriundos de Laguna Paiva, de ahí el nombre de la causa.

"Vamos a pedir penas altas. Entendemos que no son hechos aislados, que fue premeditado por una organización criminal que formó parte de la última dictadura cívico militar", enfatizó Pagliero en comunicación con Osvaldo Medina en aquella oportunidad.

Respecto al hijo de Catalino, Mario Páez, que era adolescente cuando fue privado ilegítimamente de su libertad junto a su padre y madre, el abogado señaló: "Estuvo expuesto a torturas, dos meses secuestrado, presenció los tormentos aplicados a su padre, lo que también fue un tormento para él porque estar en un Centro Clandestino de Detención es una tortura en sí".

El entonces joven Mario presenció también las torturas sufridas por su madre.