El fiscal federal Diego Velasco apeló el sobreseimiento que los jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) firmaron a favor de Cristina Kirchner, sus hijos y los demás imputados en la causa Los Sauces y Hotesur. Se trata de las empresas familiares investigadas por haber sido el supuesto vehículo para lavar 120 millones de pesos "con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario", según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal, quien insistió con un planteo ya formulado: el juicio debe realizarse.
En al menos seis ocasiones a lo largo de su escrito, el fiscal fue determinante al explicar que la mejor instancia para resolver la culpabilidad o inocencia de la vicepresidenta, sus hijos y otros 13 acusados es el juicio oral y público.
En el dictamen de 249 páginas al que accedió Clarín, Velasco sostuvo que la decisión de los jueces del TOF 5 es "arbitraria", ya que "padece de omisiones y desaciertos de gravedad extrema que las invalidan como actos judiciales contaminadas de groseros errores jurídicos y se han utilizado argumentos falaces que provocaron conclusiones falsas".
Respecto de esos jueces, el fiscal destacó que "su función principal radica en REANALIZAR el caso en un debate oral y público con amplitud probatoria para todas las partes, con posibilidad de que todos interroguen a los testigos e incluso de que los jueces se saquen sus dudas y allí, con esa inmediación con la prueba, fallen de acuerdo a la sana critica racional, habiendo escuchado previamente las hipótesis de las partes". Entonces, reiteró que los Tribunales "no pueden desanturalizar" sus funciones.
El representante del Ministerio Público recordó que aún hay varias medidas de prueba en curso, más específicamente dos pericias sobre ambas empresas, donde se pusieron bajo análisis todos los contratos celebrados. La correspondiente a Los Sauces concluía en diciembre, y el informe preliminar había arrojado una serie de irregularidades como pagos que no se condicen con su documentación, libros contables faltantes, falta de fondos para la adquisición de propiedades.
Las medidas de prueba que se encuentran en curso", pedidas por la vicepresidenta incluyen: pericias contables, tasaciones, informes", entre otros. Pero Velasco también se refirió a documentación e información que es "retaceada por ciertos organismos públicos provinciales –Municipalidad de Río Gallegos y Calafate-, que no hacen más que confirmar su importancia, y su restricción en este momento afectaría gravemente los derechos de esta parte, privando incluso al sentenciante el abordaje íntegro del plexo probatorio".
Pese a esa situación, hace veinte días que los dos jueces del TOF 5 votaron el sobreseimiento de la vicepresidente, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y otros trece acusados. En aquel fallo sostuvieron que no podía sostenerse la tesis de las maniobras de lavado de dinero y discutieron la figura por presunta asociación ilícita que pesaba sobre Cristina Kirchner.
Hubo una fuerte crítica a los jueces por parte de la fiscalía, al decir que "se pretende, so pretexto de un derecho falazmente invocado, volver a un proceso escrito convirtiendo a Jueces de Tribunal Oral en los derogados jueces de sentencia, retrotrayendo el proceso 30 años, pero incluso con menos posibilidades de las que tenía ese Juez, quien podía abrir a prueba". Por ese motivo insistió en que “la verdad material sobre lo acontecido habrá de determinarse en definitiva en el marco del debate oral y público”
En su dictamen, Velasco se ocupó de refutar los principales argumentos de la defensa de Cristina Kirchner a cargo de Carlos Beraldi, que había sostenido que al estar bancarizados los pagos de las empresas que Lázaro Báez y Cristóbal López realizaron a las firmas de los Kirchner, se podía realizar la trazabilidad de dichos fondos y que entonces no había ocultamiento ni dinero de origen espurio. Beraldi también había dicho que en el movimiento de dichos fondos intervinieron el fisco y entidades bancarias.
Fuente: Noticias Argentinas
