Una de las preguntas que nos hacemos cuando hablamos de salud sexual y reproductiva es si ¿en los efectores de salud se brinda la información que necesita cada mujer, cada persona trans usuaria del sistema de salud cuando va a hacer una consulta o una práctica, para hacer uso de sus derechos? Marisa Poggi, referente de Multipalabras, dialogó con Hora de arrancar y expresó los objetivos que se propusieron y los resultados obtenidos “Nos interesaba escuchar cómo se prestaba esta atención a las usuarias del sistema y también escuchar a los trabajadores de la salud, que son quienes hacen la primera atención, que serían las enfermeras que están en los centros de salud y en los hospitales”.

Otro de los objetivos que se plantearon fue “fortalecer las redes con las organizaciones de mujeres y disidencias de cada localidad”. En este sentido, especificó que “70 compañeras trabajaron en un proceso de formación, por un lado, para usar un lenguaje en común cuando hicieran las entrevistas en territorio, y por otro, todo lo que son los derechos sexuales, en un marco de los derechos humanos y de las leyes que nos contienen. Hoy tenemos leyes provinciales y tenemos la ley nacional 27610 de interrupción voluntaria y legal del embarazo”.

Se realizaron 712 encuestas a usuarias del sistema público de salud, entre los 14 y los 45 años de edad, segmento considerado como edad fértil. De éstas, el 76,3% tiene entre 1 y 3 niños o niñas. Dividieron las regiones en 3: Región A: Departamentos General Obligado, San Javier y Vera, que tiene como cabecera a Reconquista. Región B: comprende los Departamentos Castellanos, 9 de Julio y San Cristóbal, con cabecera en Rafaela. Región C: incluye los Departamentos La Capital, Garay, San Jerónimo, Las Colonias y San Justo, con cabecera en Santa Fe.

El 64,2% asisten frecuentemente al centro de salud donde fueron encuestadas y, de ellas, el 69% afirma ser atendida por el /la mismo/a profesional.

Acerca del asesoramiento en métodos anticonceptivos (Ley Provincial N° 11.888, sancionada en 2001): el 81,3% informó que sí fue asesorada el 18,7% afirmó no haber recibido asesoramiento en el centro de salud, lo cual resulta significativo.

Respecto del uso de métodos anticonceptivos, el 85,3% afirmó utilizarlos. Entre los más usados se registran: anticonceptivos orales (pastillas) 35,2 %, inyectables mensuales 12,5%, ligadura de trompas 11%, chips 9,7%, dispositivos intrauterinos (DIU) 3,4%, preservativos 4,8% y -en porcentajes menores- se usan métodos combinados.

Sobre el acceso a los métodos anticonceptivos en pandemia, el 81,5 % de los casos manifestó que no se registraron dificultades en la entrega del método elegido.

En cuanto al acceso a la IVE/ILE - entrega de medicación, misoprostol, para interrupciones voluntarias del embarazo (incluyendo las interrupciones por causal salud y violación), el 81% no dispone de esa información; el 11% informa que no se entrega y solo el 8% afirma que sí se entrega.

En referencia a otros efectores, el 74% no sabe si hay algún centro de salud u hospital cercano que realice abortos, y el 14% afirma directamente que no los hay. El 12% sí conoce otro efector donde se realiza la práctica.

“Teniendo en cuenta ambas preguntas, podemos inferir que sólo una de cada diez mujeres que residen en el centro-norte provincial está en condiciones de acceder a una IVE/ILE ya que conoce fehacientemente dónde solicitarla”, se explicita en el informe publicado.

Poggi afirmó que “no se puede reclamar ningún derecho que no se conoce. Lo que nosotras pudimos observar es que hay poca comunicación de todos estos métodos, inclusive otro dato que pudimos recuperar es si se entrega la medicación para la realización de los abortos. Recordemos que en Argentina tenemos una ley muy nueva y que la provincia de Santa Fe produce uno de los medicamentos, que es el misoprostol (en el LIF) y el 81 % de las mujeres desconoce si se entrega”.

Ante la pregunta al personal de enfermería sobre si se da información en este Centro de Salud/Hospital acerca de la interrupción voluntaria del embarazo, el 20% respondió afirmativamente. El 21% refiere que no se ofrece información, y el 59% no lo sabe.

En relación a los tratamientos de hormonización a personas trans en el efector, los resultados arrojan:

Región A

● Se proveen en un 42,4%, ascendiendo a 58,3 % en la ciudad de Reconquista

● No se proveen 51,5%, desciende a 33,4% en la ciudad de Reconquista

● No sabe/no contesta 6,1%, ascendiendo a 8,3% en la ciudad de Reconquista

Región B

● Se proveen en un 31,3% ascendiendo al 46,1% en la ciudad de Rafaela

● No proveen el 53,1% descendiendo al 46,1% en la ciudad de Rafaela

● No sabe/no contesta 15,6% descendiendo al 7,8% en la ciudad cabecera

Región C 

● Se proveen en un 35,7% ascendiendo al 42,1% en el gran Santa Fe

● No proveen el 59,5% descendiendo a 52,6% en el gran Santa Fe

● No sabe/no contesta 4,8% ascendiendo al 5,3% en el gran Santa Fe

Otra consulta fue sobre el conocimiento del 0800 de Salud Sexual (0800-222-3444), respecto a la línea de atención gratuita en salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación, herramienta telefónica de consultas sobre salud sexual y de reclamo cuando no se garantizan los derechos sexuales, el 81,3% de las usuarias encuestadas la desconoce y sólo el 18,7% afirmó conocerla, en términos generales.

Conclusiones

En las conclusiones presentadas por el Monitoreo, sostienen que “La información relevada da cuenta de las particularidades de cada territorio, donde en líneas generales comprobamos que las usuarias de los efectores del centro norte tienen dificultades para acceder a la información sobre las prácticas que ofrece el sistema público de salud.

Sabemos que no es legal invocar la objeción de conciencia contra el derecho a la información, y que el acceso a ésta se relaciona directamente con las posibilidades de ejercer el derecho a la salud. Por estos motivos, consideramos imprescindible arbitrar los medios para que los efectores asesoren activamente sobre las prácticas existentes en materia de cuidados de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva.

Sería muy positiva la implementación de consejerías, espacios fácilmente identificables donde las usuarias puedan acceder a información gratuita y de calidad, como así también a las prácticas contempladas en el marco legal vigente.

Consideramos que apropiarnos de un derecho lleva un proceso en el tiempo, pero es el Estado el responsable de garantizar el mismo, tanto a nivel de su implementación, como de su difusión. Sabemos que la sola información no alcanza. Pero sería el primer paso para la toma de conciencia de un derecho conquistado”.

Marco legal y antecedentes de Multipalabras 

A través de un breve repaso de los últimos años podemos mencionar algunos momentos de importancia para comprender el presente. En 1985 el Estado argentino reconoció los derechos reproductivos y a los derechos sexuales como derechos humanos mediante la ratificación de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

En 1994, durante la Reforma de la Constitución Nacional, resistimos a los sectores conservadores que querían incluir en la Carta Magna la existencia de la persona humana desde la concepción. En esa reforma, además, los derechos sexuales adquirieron rango constitucional a través de la incorporación del artículo 75 inciso 22.

Más tarde, nos encontramos luchando por leyes de salud sexual a nivel nacional y provincial; estas normas se sancionaron en 2002 y 2001 respectivamente. La ley de Salud Sexual y Procreación Responsable establece la creación del Programa homónimo, que se ocupa de la provisión de métodos anticonceptivos en los centros de salud. Vale destacar que, antes y en los años inmediatamente posteriores a la sanción de esta norma, desde el movimiento de mujeres distribuimos anticonceptivos en los barrios populares a través de compras autogestionadas. Teníamos el compromiso militante de facilitar el acceso a la salud sexual mientras el Estado nacional gestionaba sus primeras políticas públicas con el nuevo marco legal. De esos tiempos data la articulación con profesionales de la salud comprometidos con la perspectiva de género y de derechos al momento de brindar atención.

De esa época también data la conformación del Consorcio Nacional de Monitoreo de Derechos Sexuales y Reproductivos (ConDerS), una experiencia federal de monitoreo en políticas de salud sexual que permitieron conocer el estado de situación en los diversos territorios del país.

En 2005 se presenta la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: una experiencia inédita de articulación política plural sostenida en el tiempo con el objetivo de conquistar una ley que reconociera el derecho al aborto voluntario. Fuimos parte de esa red desde sus inicios. En 2007 falleció en el Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe Ana María Acevedo luego de que se le negara el tratamiento oncológico que requería por estar embarazada. A la joven, de 19 años y madre de tres hijos, no solo le restringieron el acceso a la salud sino también la posibilidad de decidir: cuando solicitó el aborto terapéutico que le correspondía por la entonces vigente (artículo 86 del Código Penal) también fue desoída. Esto significó para nosotras la muestra cabal de lo que veníamos afirmando: el propio Estado se negaba a garantizar los abortos que entonces eran legales y por eso era necesario seguir articulando estrategias para sensibilizar a los equipos de salud y a la sociedad en general acerca de la autonomía de las personas como base fundamental para el acceso a la salud.

Con ese fin, participamos -en tanto organizaciones de la sociedad civil- del Consejo Asesor del Programa de Procreación Responsable de la provincia (creado por la Ley 11.888). También fuimos invitadas a los Colegiados en Salud Sexual y Reproductiva, una experiencia que reunía a los equipos de salud con el fin de compartir conocimientos y experiencias acerca de la garantía de los derechos sexuales. Mientras el Estado, en sus distintos niveles, avanzaba con diferentes manifestaciones acerca de este derecho (la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral en 2009, los protocolos ministeriales de atención sanitaria de abortos a partir de 2007, el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012, entre otros), desde las organizaciones generábamos instancias de diálogo permanente con las y los decisores del Estado. En esas acciones de incidencia política y de pedagogía acerca de lo que requeríamos las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ en términos de salud sexual, los monitoreos y seguimientos que se realizaron sobre la atención estatal en ese aspecto jugaron un rol fundamental.

El Monitoreo social santafesino de acceso a los cuidados en Salud Sexual, se presentó el pasado 27 de mayo, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Su realización y el informe presentado estuvo a cargo de: Marisa Poggi, Silvia Ferrero, Mirian Urgorri, Beatriz Gutierrez, María Flavia Del Rosso, Maria de los Ángeles Guerrero, Susana Palud, Susana Paradot. Colaboración: Mabel Busaniche.

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