Un juez dictaminó ayer la suspensión de la vacunación anticovid para menores de 13 años en todo Uruguay tras calificar a la vacuna de "no estar científicamente homologada", y hasta que el Gobierno presente los contratos de compra de las vacunas y publique de manera íntegra la composición de "las sustancias a inocular".
La decisión ha tenido lugar después de que un colectivo antivacunas presentara el pasado viernes al Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA) un amparo solicitando la prohibición de la vacuna contra la COVID-19 para los menores de 13 años por "ilegal e inconstitucional" y por "continuar en fase experimental", según ha informado Teledoce.
La suspensión, comunicada en un fallo en el que se advierte a las autoridades sanitarias de "apercibimiento" en caso de desacato, exige que se suministre "a los responsables de los menores" un texto que informe "completamente y con claridad" del contenido de las inyecciones, así como de sus beneficios y los posibles riesgos que conlleve la inoculación.
"Aun respetando la autodeterminación y la libertad de cada progenitor, debe hacerse prevalecer el interés superior de cada niño, siendo menester no dejar de tener presente, en ningún momento, que no estamos frente a una prescripción médica científicamente homologada, sino ante un experimento, que no por su colosal magnitud deja de ser lo que es: un experimento", sostiene el juez, Alejandro Recarey, en la sentencia recogida por el diario 'El Observador'.
Asimismo, Recarey ha sostenido que, aunque la vacunación no sea obligatoria pero sí recomendable, "sería como permitir que un comerciante pudiera vender alimentos sin control sanitario partiendo de la base de que nadie está obligado a comprarle".
Antes de esta sentencia, el Ejecutivo uruguayo acusó al juez, Alejandro Recarey, cuestionando su imparcialidad, pues anteriormente habría manifestado su opinión contraria a la vacunación, según ha recogido el diario uruguayo 'El País'.
Y ahora, tras la decisión judicial, la Fiscalía de Uruguay y el Ministerio de Salud han anunciado en sendos comunicados que acatarán el dictamen --que tiene efecto inmediato-- a la vez que lo apelarán, sosteniendo que "cada una de las decisiones tomadas respecto a la vacunación" se han basado en "la evidencia científica disponible".
"Ante la decisión del juez subrogante Alejandro Recarey de suspender la vacunación contra la COVID-19 en la población menor de 13 años, el Ministerio de Salud Pública resuelve acatar el dictamen del juez a la vez que apelarlo.
Por tal razón, a partir de hoy las vacunas para esta población dejarán de estar disponibles hasta nueva disposición", ha expresado la cartera de Salud uruguaya en un comunicado.
Tras la sentencia de Recarey, las autoridades sanitarias han subrayado la importancia de "mantener los cuidados no farmacológicos, especialmente en las poblaciones que no hayan recibido vacunas o que no hayan completado su estatus vacunal".
"La decisión de este juez pone en la Justicia la responsabilidad de la posible afectación de la salud de una cantidad de menores en Uruguay que se querían vacunar", ha sostenido el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, mencionando que este jueves 5.800 niños tenían cita para vacunarse. "El Gobierno, lo primero que está preparando, es la apelación inmediata de este fallo judicial. Los fallos se acatan pero se pueden criticar y este fallo es un disparate", ha agregado Delgado
Asimismo, el secretario de Presidencia ha calificado de "inadmisible" que se considere al Plan Nacional de Vacunación como "ilegal e inconstitucional": "Para el Gobierno y para el Uruguay entero esto es inadmisible".
"Como ciudadano y como padre, que una decisión de un juez suspenda una vacunación que es voluntaria nos preocupa enormemente (...) No hubo plan de vacunación más preparado y más estudiado que el uruguayo, avalado por la ciencia", agregó el funcionario. (Notiamérica)
