Senado nacional aprobó suspensión de desalojos en barrios populares
La Cámara alta aprobó la suspensión por 10 años de los desalojos de terrenos donde se levantaron barrios populares. El proyecto obtuvo el respaldo del oficialismo y de la oposición.
VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2022
El Senado sesionó para debatir un conjunto de proyectos acordados entre el oficialismo y la oposición, entre los que se destacaron la suspensión por 10 años de los desalojos de terrenos donde se levantaron barrios populares y la expropiación del predio donde funcionó el boliche Cromañón, abandonado tras el incendio en el cual murieron casi 200 personas en 2004. La sesión fue conducida por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, y comenzó a las 14.23 con 40 legisladores presentes, con un temario acordado entre todas las fuerzas políticas.
Antes de dar inicio a la sesión, algunos integrantes de la cámara alta rindieron homenaje al expresidente Néstor Kirchner, con motivo de los 12 años de su fallecimiento.
Uno de los primeros proyectos convertidos en ley fue la reforma de la norma de integración socio-urbana de Barrios Populares, al prorrogar por diez años la suspensión de los desalojos de esos terrenos ocupados de manera precaria.
La iniciativa fue respaldada por 64 votos a favor y uno en contra, ante la mirada de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, que siguió el debate desde una de las gradas del hemiciclo de la Cámara alta.
El proyecto obtuvo el respaldo del oficialismo y de la oposición, aunque la única que votó en contra fue la macrista cordobesa Carmen Álvarez Rivero.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista jujeño Guillermo Snopek, del Frente de Todos, defendió el proyecto argumentando que se busca una “ampliación del plazo para darle tranquilidad a los argentinos cuyo futuro pende de una orden de desalojo”.
La iniciativa promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
El proyecto apunta a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.
La vicejefa del interbloque del Frente de Todos, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, destacó que esta “es una ley que surgió de las organizaciones en los barrios” y que “la política escuchó ese reclamo, y esa ley salió. Lo bueno es que pasaron dos gobiernos de distintos signos políticos y estamos juntos generando certezas”, abogó.
