El gobierno santafesino resolvió no apelar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en las causas vinculadas a las inundaciones ocurridas en la ciudad de Santa Fe en 2003, durante el gobierno de Carlos Reutemann. 

De esta manera, se pone fin a los reclamos económicos de las y los damnificados.

El fiscal de Estado, Domingo Rondina, dialogó en exclusivo con LT9, con el objetivo de democratizar la comprensión de esta medida ¿Qué significa que el gobierno de Santa Fe no apele en la causa de inundaciones?: "La Corte Suprema de Santa Fe dictó una sentencia hace poco más de un mes y luego empezó a dictar todas las siguientes iguales, resolviendo por primera vez el tema de fondo de las indemnizaciones de la inundación" indicó Rondina, y agregó que "aquellas personas que cobraron la plata que pagaba el ente de la reconstrucción, no tienen derecho a seguir reclamando porque ya renunciaron a cobrar. Pero que las demás personas que hicieron juicio tienen derecho a ser indemnizados porque la culpa fue de la provincia" aseguró.

Esta determinación cierra, al menos en términos económicos, un episodio profundamente doloroso, hasta ahora la discusión se daba en torno a quien era culpable y  "quedó claro que la culpa fue de la provincia de Santa Fe, del gobierno de aquel entonces y tienen que pagar" advirtió Rondina.

Asimismo, comentó: "Cuando nos llegó esta sentencia, yo inmediatamente hablé con el gobernador, le dije que legalmente deberíamos apelar a la corte de Buenos Aires para seguir pidiendo que no fue la culpa de la provincia", sin embargo, "el gobernador con mucha claridad me dijo no, hasta acá ya está. Lo que dice la corte tiene razón, la culpa fue de la provincia. No hagamos sufrir a más gente. Lo que haya que pagar se paga. Y terminemos con este tema" compartió el Fiscal. 

Consultado por cuál sería la proporción estimada de personas que no aceptaron las condiciones propuestas en el programa del ente de la reconstrucción y enfrentaron esta tediosa lucha judicial, Rondina aseguró: "Todavía no tenemos claro los números porque había bastante desorden en esos expedientes, pero se estima que puede ser el 20% de los casos los que no habían cobrado nada". 

"No es lógico que estiremos ocho años más esto, que la provincia siga gastando recursos en abogado, pagar un estudio jurídico en Buenos Aires para decir que no fue la culpa de la provincia, cuando la corte ya lo dice con absoluta claridad, todos los informes técnicos, todas las investigaciones, la causa penal, quedó en claro que la culpa fue del gobierno de ese momento que no tomó las previsiones necesarias" concluyó el Fiscal. 

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