El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo ayer su primera reunión con el nuevo equipo de la Secretaría de Energía, con el fin de avanzar con el recorte de subsidios a las tarifas.

Massa se reunió con la secretaria de Energía, Flavia Royón, y su equipo, y se espera que comiencen a aplicarse las quitas de subsidios que permitirán un ahorro de unos $110.000 millones en lo que resta del año.

Sobre el esquema de segmentación ya iniciado se sumará una nueva fase en la que el Estado buscará otra instancia de ahorro fiscal y también en el consumo de energía para un grupo de hogares.

El nuevo sistema apuntará al universo de otros 9 millones de usuarios que sí realizaron el trámite para continuar recibiendo una asistencia del Estado para pagar el precio de los servicios públicos. De todas formas, excluye a aquellos que son alcanzados por la tarifa social.

Según estimaciones oficiales, un 80% de los usuarios quedarán fuera de esta nueva medida, ya que consumen energía por debajo del tope subsidiado que establecerá la reglamentación.

El 20% restante, aseguran en Economía, concentran el 50% del consumo total de luz y gas.

De los 9 millones de usuarios que pidieron mantener los subsidios, cerca de 1,8 millones superan los consumos mensuales de 400 kwh y tendrán incrementos cuando superen ese tope.

Así se suman a los 4 millones que no pidieron subsidios y dan un total aproximado cercano a los 6 millones de hogares.

En el caso del gas, la implementación del tope tendrá distintas variantes, ya que no es posible estipular un criterio unificado en todo el país por distintos motivos.

La quita de subsidio se realizará por regiones, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, así como también la estacionalidad.

El Gobierno estima que el nuevo esquema de subsidios que además de la segmentación ya puesta en marcha incluirá un tope de consumo subvencionado, le implicará al Estado un ahorro fiscal poco menor al 1% del PBI, lo que serían unos $500.000 millones anuales.

Los últimos meses le insumieron al Estado una importante cantidad de divisas para abastecer la demanda industrial y residencial de energía durante los meses más fríos del año.

Entre junio y julio el Gobierno pagó aproximadamente unos US$ 4.200 millones.

Para agosto, esas importaciones bajarían desde un estimado inicial de US$ 1.890 millones hasta US$ 1.250 millones, por cuestiones climáticas y una mayor llegada de energía eléctrica desde Brasil, lo que liberará el gas para priorizar la demanda residencial, comercial e industrial.