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Opinión

Sain, Alberto, fracasos y retrocesos

El nuevo episodio del caso político-judicial-mediático del ex ministro. Su llegada al gobierno y su fallida gestión. La causa por espionaje ilegal, festival de irregularidades. La disputa por las autoridades de la Justicia penal, carpetazos incluidos. Y el costo incalculable de no responder con éxito a la demanda popular.

— Gustavo Castro

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

El nuevo capítulo de la telenovela de Marcelo Sain en Santa Fe, cuyo eje es un nuevo bombardeo mediático de audios tan explosivos como privados, exige una mirada en varios planos que excede a la lógica conmoción política observada en los últimos días.

Es necesario caracterizar otra vez al volcánico ex ministro y a su gestión. Su llegada a la sensibilísima cartera de Seguridad fue producto de una confluencia de factores. El primero de ellos, sin dudas, fue la violenta escalada narco de los años previos, que hundió a Rosario en un baño de sangre. La demanda por una respuesta contundente se expresó en las urnas en 2019. El diagnóstico, ciertamente verificado en los hechos, fue que semejante ascenso del crimen organizado podía explicarse sólo con la existencia de no ya complicidad sino directa participación en el negocio de amplias estructuras anidadas en el poder estatal: la policía, la Justicia, la política. Pero también en segmentos muy influyentes de la actividad privada: estudios contables y jurídicos, cuevas financieras, desarrolladores inmobiliarios.

En este contexto, el gobernador Omar Perotti asumió la decisión política de confrontar con ese entramado. Sain, un experto en la materia con amplios antecedentes en la función, encarnó esa línea. Y contó con buena parte de la botonera a su disposición, a diferencia de lo ocurrido en otras áreas de la administración.

Con el diario del lunes, no hay otra conclusión posible que aseverar que se trató de un experimento fallido. Los movimientos del ex ministro de Seguridad fueron propios de un autito chocador: ahuyentó prácticamente a todos sus aliados, sean manifiestos, subterráneos o potenciales. Su verborragia flamígera pasó de ser pintoresca, e incluso efectiva, a suicida en lo político, poco profesional e institucionalmente irresponsable. Se podrá decir, no sin razón, que el bloque de poder que enfrentó fue letal, pero eso no es argumento válido: si se le tira la cola al león es difícil que pueda alegarse sorpresa al ser deglutido en el segundo posterior.

Eso no quita que haya que referirse a la causa judicial que lo tiene como involucrado, en la que casi no hubo atropello sin cometer. Empezando por lo básico: si se trata de espionaje ilegal, la causa tiene que estar en manos de la Justicia federal. El inicio del caso, hace prácticamente un año, se produjo a través de “requerimientos” que incluyeron secuestro de teléfonos y computadoras, lo que equivale a decir que fueron allanamientos sin orden de juez alguno. Pasó prácticamente un año y todavía quienes son presentados en los medios como integrantes de una maquinaria criminal aún no fueron imputados. Varios de los audios filtrados no tienen relación alguna con la investigación. La “excursión de pesca” judicial, acompañada por un profuso andamiaje comunicacional de inocultable sesgo opositor, es bastante más que evidente.

El telón de fondo es la disputa por la selección de autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Servicio Provincial de Defensa. De allí que en el gobierno provincial haya quienes consideren, con cierta lógica, que en esta nueva filtración también hay aroma de carpetazo para sostener incólume el núcleo de poder en el organismo de acusación penal. No hay que ser demasiado suspicaz para advertir que en el MPA hay terminales políticas, que tienen como expresión en la superficie las decenas de ex funcionarios del Frente Progresista que saltaron al otro lado del mostrador –entre ellos la secretaria de Maximiliano Pullaro- y personalidades vinculadas a los senadores justicialistas comandados por Armando Traferri. Los pliegos de Gustavo Ponce Asahad y Patricia Serjal, que cayeron presos en la causa por juego clandestino, fueron enviados por los ex gobernadores Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. Intercambio de figuritas, ya que está de moda.

Es preciso, no obstante, gambetear la tentación del rasgado de vestiduras y homilías pretendidamente republicanas sobre la independencia de La Justicia. La elección de jueces, fiscales y defensores es un acto esencialmente político. El problema ocurre cuando el fruto de esas decisiones deriva en un sistema que protege grotescamente a sus mentores y maltrata a la ciudadanía. Los resultados en definitiva, son los que mandan.

Y es el mayor problema que tuvo Sain. Su gestión, con todos los atenuantes que se puedan esgrimir, estuvo lejísimo de atender a la demanda ciudadana. Con el agravante de que el desperdicio de la oportunidad histórica que lo tuvo como protagonista no fue sólo un traspié sino un retroceso de magnitudes aún difíciles de calcular. Puede equiparse, en este sentido, al fracaso de la experiencia de Alberto Fernández. Los tétricos episodios de las últimas semanas, que lejos de apaciguarse asoman en franco proceso de aceleración, eximen de mayores comentarios.


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