Por un lado, iniciativas presentadas en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe proponen cobrar determinadas prestaciones de salud a extranjeros que no cuenten con residencia permanente. Por otro, a nivel nacional se debate una reforma que busca modificar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
La comparación entre ambas discusiones plantea una pregunta política: ¿por qué un extranjero sin residencia permanente debería pagar por una prestación de salud, mientras que se analiza flexibilizar las restricciones para que capitales extranjeros puedan adquirir una mayor cantidad de tierras?
Proyectos para cobrar la atención médica a extranjeros
En la provincia de Buenos Aires, el diputado Agustín Romo presentó una iniciativa para establecer un régimen de arancelamiento de determinadas prestaciones sanitarias y de estudios universitarios para extranjeros que no acrediten residencia permanente.
El proyecto contempla mecanismos como el pago directo de los servicios o la utilización de un seguro de salud. Las situaciones de urgencia y emergencia quedarían exceptuadas de las restricciones previstas.
En Santa Fe, la diputada Silvia Malfesi impulsó una propuesta similar para cobrar la atención médica brindada en hospitales y efectores públicos a personas extranjeras con residencia precaria o transitoria.
La iniciativa contempla excepciones para urgencias y emergencias, además de los casos alcanzados por convenios de reciprocidad sanitaria entre países.
Ambas propuestas parten de una misma idea: que quienes no cuentan con residencia permanente y utilizan determinados servicios públicos deben afrontar el costo de las prestaciones o contar con una cobertura que las financie.
La discusión nacional sobre la propiedad privada
En paralelo, el Gobierno nacional impulsa cambios en el régimen de protección de la propiedad privada y analiza modificaciones a distintas normas vinculadas con la adquisición de tierras rurales.
El debate incluye la posibilidad de revisar las restricciones que actualmente establece la Ley de Tierras Rurales, cuyo régimen fija un límite del 15% para la titularidad extranjera sobre las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, además de otras limitaciones específicas.
La propuesta también contempla cambios vinculados con los desalojos, las expropiaciones, la legislación sobre tierras rurales y la normativa relacionada con terrenos afectados por incendios.
El punto más sensible del debate está relacionado con la posibilidad de flexibilizar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.
Dos criterios diferentes para discutir la extranjería
El contraste entre ambas agendas abre una discusión política que excede los proyectos particulares.
En el caso de la salud, el criterio planteado es que una persona extranjera que no tiene residencia permanente debería pagar por determinados servicios públicos o contar con un seguro que cubra la atención.
En el caso de la propiedad rural, en cambio, el debate apunta a reducir o modificar las limitaciones que pesan sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros y capitales internacionales.
La pregunta que surge, entonces, es cuál es el criterio general que define la relación del Estado con los extranjeros: ¿se trata de una cuestión de residencia, de reciprocidad, de capacidad económica o de la naturaleza del bien o servicio involucrado?
El debate sobre el modelo de Santa Fe
En Santa Fe, la discusión adquiere una dimensión particular por la tradición política que históricamente vinculó a la provincia con la defensa de un sistema público de salud de acceso amplio.
Desde los gobiernos provinciales de Hermes Binner y Miguel Lifschitz hasta la actual gestión de Maximiliano Pullaro, la salud pública ocupó un lugar central en el debate político santafesino.
La iniciativa presentada por La Libertad Avanza introduce una discusión diferente al proponer el cobro de determinadas prestaciones a extranjeros en situación migratoria precaria o transitoria.
La contradicción que plantea el debate
El contraste entre ambos enfoques permite formular una crítica política: mientras se discute cobrarle a un extranjero sin residencia permanente una prestación médica o exigirle un seguro para acceder a determinados servicios, también se analizan cambios que podrían ampliar la posibilidad de que capitales extranjeros adquieran tierras rurales.
La discusión, en definitiva, no parece ser únicamente sobre los extranjeros. También es un debate sobre qué bienes y servicios deben quedar protegidos por el Estado, quién puede acceder a ellos y bajo qué condiciones.
La pregunta que queda abierta es si el criterio de protección debe aplicarse de la misma manera cuando se trata del acceso a la salud pública y cuando se trata de la propiedad de un recurso estratégico como la tierra.
Ahí es donde, para sus críticos, aparecen las contradicciones de una política que pretende establecer límites para el acceso de algunos extranjeros a determinados servicios, pero al mismo tiempo evalúa flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
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