Familiares, personas con discapacidad y organizaciones del sector se movilizaron este jueves en la ciudad de Santa Fe para reclamar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027 y exigir respuestas ante las dificultades que atraviesa el sistema de prestaciones.
La convocatoria fue impulsada por la Asamblea Santafesina de Personas con Discapacidad y tuvo como eje la necesidad de garantizar el financiamiento de los servicios de apoyo, la continuidad de las pensiones y el acceso a derechos. Además, las organizaciones reclamaron la derogación del DNU 70/23.
En ese marco, Francisco Zanotti, integrante de UENDISFE, advirtió sobre la incertidumbre que enfrentan las instituciones por la falta de previsibilidad en los recursos y las demoras en los pagos.
Demoras en los pagos y dificultades para sostener las instituciones
En diálogo con LT9, Zanotti explicó que los atrasos en los pagos se convirtieron en un problema crónico para el sector. “Acá se ha naturalizado pagar cada 90 días, estar cobrando 90 días, 120 días, tanto en la provincia como a nivel nacional”, señaló.
El referente sostuvo que la falta de regularidad en los ingresos dificulta la planificación y el funcionamiento de las instituciones. También advirtió que las consecuencias llegan directamente a las personas con discapacidad y sus familias, ya que la continuidad de las prestaciones resulta fundamental para sostener sus actividades cotidianas y sus espacios de acompañamiento.
“Las instituciones del espacio donde estamos nosotros, al no contar con recursos o al no tener un horizonte claro para poder funcionar, impactan inmediatamente en la calidad del servicio. Y la calidad del servicio inmediatamente impacta en la persona con discapacidad y en su familia”, expresó.
El reclamo por la prórroga de la ley
Zanotti explicó que la Ley de Emergencia en Discapacidad tiene vigencia hasta diciembre de 2026 y que las organizaciones buscan extenderla por un año más. La prórroga, sostuvo, permitiría mantener una herramienta destinada a atender las dificultades del sector y garantizar el cumplimiento de derechos.
Por su parte, las organizaciones también cuestionaron las auditorías para las pensiones por discapacidad cuando no cuentan con información accesible para las personas convocadas. Entre sus demandas, plantearon la necesidad de garantizar ingresos dignos, prestaciones financiadas, oportunidades laborales y transporte accesible.
Durante la movilización, además, reclamaron que las políticas públicas reconozcan la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad. “No somos variable de ajuste”, fue una de las consignas de la jornada.
Autor
