En una entrevista con LT9, la abogada especialista en discapacidad, Mariela Peña, expresó su profunda preocupación por los borradores de un proyecto de ley del Gobierno Nacional que busca modificar el sistema de pensiones y prestaciones. Según la especialista, la iniciativa representa una mirada “absolutamente regresiva” que retrotrae la discusión a la década del 90.
“Lo que estamos viendo es un programa de políticas públicas que atenta directamente contra los derechos conquistados. Si estas modificaciones avanzan, se borra una historia de más de 20 años iniciada con la Convención Internacional”, advirtió Peña. La abogada señaló que el Gobierno intenta volver a decretos del año 1997, confundiendo nuevamente el concepto de discapacidad con el de “invalidez laboral”.
El incumplimiento de la Ley de Emergencia
Peña recordó que la Ley de Emergencia en Discapacidad, lograda tras una intensa lucha el año pasado, hoy se cumple solo parcialmente y debido a una medida cautelar dictada por la justicia. “Ahora entendemos por qué el Gobierno solo la reglamentó parcialmente en febrero: tenían este proyecto en carpeta para vaciar directamente el sistema”, explicó.
Prestadores en crisis y cierre de hogares
La abogada denunció una situación desesperante para los profesionales y las instituciones:
- Deuda crónica: “Hace 120 días que los prestadores no reciben los fondos del programa Incluir Salud. ¿Qué trabajador puede sostener un servicio sin cobrar durante cuatro meses?”, cuestionó.
- Cierre de instituciones: Confirmó que instituciones como el “Hogar de Esperanza” ya han tenido que cerrar sus puertas, dejando a personas con discapacidad sin un lugar donde vivir.
- Desfase arancelario: Mientras los colegios profesionales establecen consultas de $35.000, el sistema paga apenas $16.000, lo que genera una precarización absoluta.
“Pagar justos por pecadores”
Respecto al título del proyecto oficial (“anti fraude”), Peña fue categórica: “Es llamativo que hablen de fraude cuando el propio Gobierno está siendo investigado por la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”.
“Nosotros estamos a favor de las auditorías y de que se controle cada peso, pero no puede hacerse de forma arbitraria y sin criterio técnico. Usan casos aislados o desinformación para generalizar y obligar a las personas con discapacidad a salir a demostrar que lo son, vulnerando su dignidad”, afirmó la letrada.
Peña lamentó la falta de idoneidad en los cargos jerárquicos del área: “Falta criterio técnico. Han puesto a abogados penalistas amigos al frente de agencias que requieren sensibilidad y conocimiento de la materia. Hoy el conflicto no es solo presupuestario, es una decisión política de dejar de proteger a los ciudadanos más argentinos”.
El rol de los legisladores y la falta de diálogo
Ante la posibilidad de que el proyecto avance en el Congreso, la abogada reveló que mantienen conversaciones con todos los sectores, aunque denunció un bloqueo por parte del oficialismo. “Todo el sector asociado al Gobierno Nacional no nos está recibiendo porque tienen una postura marcada”, afirmó.
En ese sentido, relató una situación ocurrida en el recinto: “Una legisladora de ese espacio dijo que comprendía la realidad de las personas con discapacidad y de los prestadores, pero que ella era ‘orgánica’ al partido al que pertenecía. Si vamos a votar solo por partido y no por la defensa de derechos, estamos complicados”, reflexionó Peña, haciendo un llamado a la conciencia cívica de la ciudadanía al elegir a sus representantes.
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