La ola de amenazas de tiroteos en establecimientos educativos encendió las alarmas de las autoridades y de la comunidad en su conjunto. En su columna semanal por LT9, la Dra. Jaquelina Balangione analizó este fenómeno desde una perspectiva jurídica, advirtiendo que lo que muchos jóvenes perciben como una “broma” constituye el delito de intimidación pública.
“Estos hechos ponen en funcionamiento una enorme batería de actos estatales, desde investigaciones y allanamientos hasta protocolos de evacuación, generando temor y conmoción en la sociedad”, explicó Balangione. La especialista subrayó que el Código Penal tipifica claramente estas conductas como delitos contra la seguridad pública.
La escala de responsabilidades según la edad
Balangione detalló cómo responde el derecho ante estos episodios dependiendo de quién sea el autor detectado mediante las pericias tecnológicas:
- Menores de 16 años: “Son inimputables penalmente, pero se activan resortes de protección de la Secretaría de Niñez y sanciones no penales. Aquí la responsabilidad de los padres es clave según el Código Civil; deben responder por las consecuencias económicas de los actos de sus hijos”.
- Entre 16 y 18 años: “Se aplica el Código Penal Juvenil. Ya existe una responsabilidad penal personal, aunque con ciertas restricciones por la minoría de edad”.
- Mayores de 18 años: “Es el caso de lo que ocurre en las universidades. Aquí el autor cae bajo todo el peso del Código Penal y la responsabilidad es intransferible”.
El costo económico y la “trampa” digital
La doctora se refirió también a la intención del Ministerio de Seguridad de cobrar a las familias el costo de los operativos policiales: “Más allá de la respuesta económica, que es una consecuencia legal, debemos reflexionar sobre qué nos pasa como sociedad”.
Balangione hizo hincapié en la brecha generacional y el uso “naturalizado” pero peligroso de las herramientas digitales por parte de los adolescentes. “Estamos ante un lenguaje digital que los adultos a veces ni vemos. Hay redes que incitan a los chicos a realizar estos actos deplorables. Los pibes se meten en situaciones que terminan siendo muy dolorosas para la familia y costosas para el bolsillo”, advirtió.
Un llamado al diálogo familiar
Finalmente, la ex defensora general de la provincia instó a los padres a no delegar toda la formación en la escuela. “Estamos en una era vertiginosa donde papá y mamá trabajan todo el día y están absorbidos por la tecnología. Hay que hacerse un tiempo para el diálogo, para ‘avivar’ a los chicos sobre los riesgos reales de estas acciones y estar presentes en su mundo virtual”, concluyó.
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