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Ruta 11: prevén cinco peajes entre Santa Fe y Resistencia y cuestionan el nuevo sistema de concesiones

El nuevo esquema de concesiones impulsado por el Gobierno nacional contempla la instalación de cinco estaciones de peaje en el tramo de la Ruta Nacional 11 que une Santa Fe con Resistencia.

La medida generó cuestionamientos por parte del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, que advirtió sobre el impacto que el cobro podría tener en los conductores, el transporte de cargas y el precio final de los productos.

El tramo entre Santa Fe y Resistencia tendría cinco estaciones

El sector incluido en el nuevo esquema se extiende desde el kilómetro 510, a la altura de Nelson, hasta la ciudad de Resistencia.

Como el recorrido tiene aproximadamente 500 kilómetros, el sistema contemplaría cinco estaciones de cobro, con una distancia promedio cercana a los 90 kilómetros entre cada una.

Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial cuestionaron que se cobre por circular en rutas existentes y señalaron que, en su opinión, el esquema no estaría acompañado por obras estructurales de gran magnitud.

Cuestionan el alcance de las obras previstas

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que las concesiones estarían centradas principalmente en tareas de mantenimiento, como el bacheo y el corte de pasto.

Desde la organización sostienen que el nuevo sistema no contempla una transformación significativa de la infraestructura vial, como la construcción de autopistas, autovías o rutas de varios carriles.

También advirtieron que las tarifas podrían variar considerablemente entre las distintas concesiones y que, en algunos corredores, los valores podrían experimentar aumentos significativos.

El cobro sería mediante un sistema free flow

El esquema previsto no utilizaría cabinas tradicionales con pago manual. La modalidad sería de tipo free flow, con lectura de patentes y dispositivos de Telepase.

De esta manera, los vehículos podrían atravesar las estaciones sin detenerse. El sistema identificaría la patente o el dispositivo correspondiente y luego realizaría el cobro.

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Esta modalidad permitiría reducir las demoras y algunos riesgos vinculados con las estaciones convencionales, aunque sus críticos sostienen que no resuelve la discusión central sobre el cobro por circular por rutas ya existentes.

Advierten por el impacto en el transporte

Otro de los puntos de preocupación está relacionado con el efecto que los peajes podrían tener sobre el transporte de cargas.

El argumento planteado por los usuarios viales es que el costo de las tarifas no impacta únicamente sobre quienes conducen vehículos particulares o comerciales. Los mayores gastos del transporte pueden trasladarse posteriormente al precio de los productos que llegan a los comercios.

En ese sentido, también se cuestiona el destino de los recursos provenientes de impuestos vinculados con los combustibles y otros tributos relacionados con la circulación.

Reclaman obras para mejorar la seguridad vial

La discusión sobre las nuevas concesiones también incluye la seguridad en las rutas.

Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial plantean que una política integral debería contemplar obras de mayor escala para reducir los riesgos de los tramos de calzada única y los choques frontales.

Entre las obras reclamadas se encuentran la construcción de autovías, autopistas y mejoras estructurales en los corredores de mayor circulación.

Además, cuestionan que el sistema de concesiones se concentre en el cobro y el mantenimiento sin resolver los problemas históricos de infraestructura que afectan a distintos sectores de la red vial nacional.

Hay 22 empresas interesadas en las concesiones

En el caso de la Ruta Nacional 11, 22 empresas participan del proceso de competencia por las concesiones.

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Todavía no está definido cuál será el valor final de los peajes para el tramo comprendido entre Santa Fe y Resistencia. La existencia de distintas concesiones también podría derivar en tarifas diferentes a lo largo del recorrido.

Mientras avanza el proceso, continúan los cuestionamientos sobre la legalidad del esquema, el impacto económico para los usuarios y la necesidad de garantizar obras que mejoren la seguridad y la conectividad de la Ruta Nacional 11.

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