El gobierno nacional consiguió lo que parecía improbable: aprobar el Presupuesto 2026 en el Senado. Lo logró no por una mayoría propia, sino por un movimiento quirúrgico sobre la oposición. Con el apoyo de los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), la Casa Rosada logró compensar la pérdida de tres votos de la UCR en el artículo 30, una cláusula que terminó convirtiéndose en el corazón de la disputa ideológica y territorial.
La fractura del interbloque peronista fue la llave del triunfo oficialista. Un quiebre funcional al gobierno, que le permitió reemplazar los respaldos que se esfumaban del radicalismo, golpeado por la fuga de Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, quienes votaron contra el artículo 30. Esa deserción en la UCR —que esta vez no fue táctica sino de fondo— no solo expuso tensiones internas, también reveló el verdadero dilema del presupuesto: se puede ganar en el tablero político, pero perder en el contrato federal.
Mientras en el recinto se celebraba la aritmética, en la Casa Gris, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, hacía un diagnóstico opuesto. “Hubiera preferido que se hayan contemplado las deudas de Nación con Santa Fe”, dijo, lamentando además la falta de fondos para infraestructura vial. Y puso un dato que debería incomodar al centralismo porteño: los 360.000 millones de pesos previstos para infraestructura vial en todo el país son menos que lo que Santa Fe proyecta en su propio presupuesto provincial solo para reparar rutas dentro de sus límites.
Ese número no es una anécdota contable: es un símbolo. Santa Fe, una de las locomotoras productivas del país, exportadora neta, con puertos estratégicos y con un entramado agroindustrial que sostiene buena parte del ingreso de divisas, recibe migajas para la infraestructura que hace posible ese mismo sistema que la Nación necesita para financiarse. La paradoja es brutal: el presupuesto votado reproduce una lógica extractiva donde el interior produce, pero no decide ni recibe en proporción a lo que genera.
El artículo 30 es todavía más grave que la subejecución de la obra pública: es la decisión de desmantelar los pisos legales de inversión en educación, ciencia y tecnología. La cláusula deroga los mínimos obligatorios que resguardaban áreas sensibles del ajuste discrecional. Pullaro lo sintetizó como “desfinanciamiento o volver atrás la ley de discapacidad y el sistema educativo público”. En otras palabras: no se trata solo de recortar, sino de habilitar que nunca más haya garantías de financiamiento estable para los sectores que el Estado dice proteger.
Es ahí donde la victoria oficialista deja de ser un hecho político para transformarse en un riesgo institucional. Cuando un presupuesto habilita la eliminación de obligaciones mínimas, lo que se está votando no es un plan económico: es un modelo de país sin cláusulas de resguardo. Y cuando la herramienta que organiza el gasto estatal se convierte en un arma para licuar derechos preexistentes, el debate fiscal se degrada a pulseada coyuntural.
El gobierno necesitaba blindar el equilibrio fiscal. Es una meta legítima en un país con déficit crónico, inflación estructural y un Estado que ha gastado durante décadas más de lo que recauda. Pero el equilibrio fiscal no es sinónimo de vaciar la inversión que crea desarrollo. Alemania —país al que curiosamente el agro argentino sorprendió este año en Hannover con innovaciones como la plataforma de automatización de maquinaria agrícola de los Marinelli— no llegó a ser potencia por recortar educación y ciencia, sino por priorizarlas como política de Estado. Ajustar no es pecado; desinvertir en el futuro, sí lo es.
Santa Fe esperaba además que se incorporaran las deudas pendientes: la de la Caja de Jubilaciones y la del Pacto Fiscal. Compromisos que la Nación tiene con la provincia y que el gobernador recordó como ausencias imperdonables del texto aprobado. No contemplarlas no solo tensiona la relación política; erosiona la confianza entre niveles de gobierno. El federalismo no puede sostenerse sobre la promesa eterna del “después lo vemos”.
La votación de los senadores santafesinos reflejó esa misma grieta conceptual. Eduardo Galaretto (UCR) y Carolina Losada (UCR), en línea con su bloque, acompañaron el presupuesto. Marcelo Lewandowski (Justicialista) votó en contra. La postura de Lewandowski no fue aislada: fue coherente con el reclamo de su provincia, que no encontró representación en los números ni en la letra chica del proyecto. En cambio, el acompañamiento radical santafesino, aunque orgánico a la estrategia nacional de su partido, dejó la sensación de que la disciplina partidaria pesó más que la defensa territorial de una provincia asfixiada por compromisos impagos y rutas destruidas.
La discusión de infraestructura vial es especialmente sensible en Santa Fe: rutas que conectan producción, empleo, exportación y vida cotidiana. Con la cifra nacional de 360.000 millones para todo el país, la comparación con el presupuesto provincial —mayor solo para Santa Fe— no solo revela escasez, sino prioridades invertidas. Un Estado nacional que no financia corredores viales en el interior no está ahorrando: está comprometiendo la competitividad del país.
Este presupuesto, entonces, deja dos conclusiones claras. La primera: el gobierno demostró capacidad política para negociar y dividir cuando lo necesita. La segunda: esa capacidad se usó para aprobar un texto que consolida un centralismo fiscal, quita garantías de inversión mínima y desoye reclamos concretos de las provincias más productivas. Un triunfo táctico que puede costar caro en términos estratégicos.
Argentina no fracasa por discutir el déficit; fracasa por discutirlo siempre en clave de coyuntura y nunca en clave de desarrollo. La obsesión por la caja —sin proyecto federal ni resguardo social— termina generando una victoria efímera: se aprueba un presupuesto, pero se desaprueba un modelo de país. Uno donde las provincias, lejos de ser socias del progreso, vuelven a ser variables de ajuste.
Si el Presupuesto 2026 fue la prueba de fuerza del gobierno, también fue la confirmación de su principal debilidad: puede negociar gobernadores, pero todavía no logra construir un federalismo que deje de Santa Fe, el ajuste y el costo del centralismo fiscal
mirar al interior como una planilla excel y empiece a mirarlo como el motor real de la Argentina.
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