En cumplimiento del mandato constitucional, la Fiscal General de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, presentó este jueves su informe de gestión ante la Legislatura santafesina. En una exposición marcada por la conmoción que rodea a los recientes hechos de violencia juvenil, la funcionaria puso sobre la mesa un debate disruptivo: la necesidad de regular o prohibir el uso de redes sociales en menores para prevenir tragedias.
“He comenzado este informe entendiendo el contexto de violencia extrema, adolescente y juvenil que atravesamos como sociedad. No es solo un caso; es San Cristóbal, es el caso de Jeremías Monzón, es una situación de odio que nos obliga a tener otra mirada”, expresó Vranicich en diálogo con la prensa
El “mundo real” de las comunidades digitales
La Fiscal reveló detalles inéditos sobre las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) con la colaboración de expertos de la Policía Federal y la Procuración General de la Nación. Explicó que han descubierto comunidades como la “True Grand Community”, donde jóvenes de todo el mundo, con gran manejo del inglés y herramientas digitales, se vinculan para exteriorizar niveles de odio alarmantes.
“Hay un mundo digital que es físico y real. Los chicos usan aplicaciones que los adultos ni conocemos, como Roblox, TikTok o Instagram, pero también canales específicos de comunicación donde encuentran lugar para volcar odio en vez de empatía. Ahora entiendo por qué países pioneros están prohibiendo el acceso a menores de 16 años”, señaló.
¿Prohibición o prevención?
Vranicich citó los ejemplos de Australia, que aplica multas millonarias a las empresas tecnológicas, y Francia, que limita el acceso a herramientas educativas. “No digo que haya que tomar la medida mañana, pero sí pongo en la mesa que los poderes del Estado —Legislatura, Nación y Provincia— analicen algo global: el acceso a las redes es mucho más profundo que el debate de si el chico lleva o no el celular a la escuela”, advirtió.
La Fiscal calificó de “horroroso” el homicidio doloso cometido recientemente por un joven escolarizado y aseguró que el caso está “dilucidado” en términos de autoría, pero que lo subyacente es lo que debe preocupar a toda la comunidad. “Como fiscales investigamos, pero estas son medidas preventivas que otros actores deben empezar a pensar seriamente”.
Un MPA que “prioriza” ante la demanda
El informe de gestión, que supera las 250 páginas, refleja un 2025 de intenso trabajo para el MPA. Vranicich destacó la importancia del trabajo colaborativo con el Ministerio de Seguridad y la Justicia Federal para abordar delitos complejos que hoy tienen una raíz tecnológica difícil de rastrear sin expertos.
“Estamos viendo una metodología que antes no conocíamos. Es un desafío para el sistema judicial, pero también para padres, madres y funcionarios. El lunes 30 de marzo marcó un antes y un después en nuestra mirada sobre qué está ocurriendo con nuestros jóvenes”, concluyó.
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