La perspectiva de género es un concepto que sigue atravesando el debate social y jurídico, no solo por las discusiones que genera, sino por la necesidad de analizar cómo las desigualdades históricas todavía impactan en la vida cotidiana y en el funcionamiento de las instituciones.
En ese marco, la abogada especialista en Derecho Penal y docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, Jaquelina Balangione, analizó el concepto, explicó qué implica este enfoque, cómo surgió y cómo impacta en la vida cotidiana, las instituciones y el sistema judicial, además de remarcar la necesidad de profundizar su aplicación para detectar desigualdades que persisten en la sociedad.
En primer lugar, Balangione diferenció los conceptos de sexo y género para explicar el alcance de la perspectiva de género. “Cuando hablamos de género, género no es lo mismo que sexo. Sexo es una cuestión biológica, tiene que ver con los genitales, con los cromosomas, con cómo tenemos formado el cuerpo humano. Pero el género es una construcción más de tipo cultural, es lo que la sociedad espera de vos por ser varón, mujer o una persona no binaria”, sostuvo.
Además, remarcó que la perspectiva de género busca analizar cómo esas construcciones sociales pueden generar diferencias entre las personas. “Es como ponerse unos lentes o una lupa que fija en ese tipo de cuestiones, en observar las desigualdades que existen en la sociedad”, sostuvo.
“No es una ideología, es una teoría”
Al referirse a los cuestionamientos que suele recibir la perspectiva de género, Balangione remarcó que no se trata de una postura ideológica, sino de un enfoque con fundamentos académicos y jurídicos. “No es una ideología como a veces se dice, es una teoría. Tiene un origen de tipo sociológico, antropológico, filosófico y jurídico”, afirmó.
En esta línea, agrego que “las leyes lo van receptando porque van viendo que esta construcción cultural en donde se pone al varón en lo público y a la mujer en lo privado genera diferencias estructurales”, afirmó.
Para comprender la construcción histórica de los roles de género, Balangione explicó que durante siglos se asignaron determinados lugares a varones y mujeres: al hombre como proveedor y vinculado al ámbito público, y a la mujer asociada a las tareas de cuidado y al ámbito privado. Según indicó, estas ideas todavía tienen consecuencias en distintos ámbitos de la sociedad.
En este sentido, ejemplificó con el mundo laboral: “Si una empresa tiene perspectiva de género, va a ver por qué determinadas personas faltan más y va a tratar de generar igualdad. Porque si la mujer falta más por las tareas de cuidado, después no asciende. El varón hace carrera y la mujer no hace carrera”.
El rol del Estado y la Justicia
Dentro del marco jurídico argentino, la perspectiva de género forma parte de los compromisos asumidos por el Estado a través de distintos tratados internacionales de derechos humanos. Al respecto, Balangione mencionó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará como instrumentos que obligan a incorporar este enfoque en las políticas públicas y en la aplicación de las normas.
“La perspectiva de género implica que el Estado, en sus distintas manifestaciones, utilice estos lentes. Por ejemplo, en la Justicia, en la educación y en la salud, para poder analizar determinadas problemáticas”, señaló.
Al referirse al ámbito judicial, recordó su experiencia como jueza y planteó la importancia de interpretar los casos dentro de un contexto más amplio. “Había veces que he tenido casos de mujeres que han venido hasta nueve veces por una cachetada o por una amenaza. Como era un delito de ínfima gravedad, se archivaba. Eso era mirarlo sin perspectiva de género porque no se estaba analizando que había una violencia que se estaba reiterando”, relató.
La especialista vinculó este enfoque con la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para quienes integran los poderes del Estado. “La Ley Micaela es una consecuencia de la aplicación de estas convenciones. Todos los agentes del Estado tienen que capacitarse para poder individualizar estas situaciones en la vida social”, explicó.
Finalmente, sobre el presente del sistema judicial, Balangione consideró que aún falta profundizar la formación. “Hay una capacitación, pero a mi modo de ver es una capacitación un poco playa todavía. Hay que ir más profundo para poder aplicar las normas, las políticas de educación y de salud con mayor ecuanimidad y llegar a una igualdad real entre varones, mujeres y personas no binarias”, concluyó.
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