La tensión entre el Gobierno Nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo tras la nota presentada por el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, solicitando medidas para garantizar el “derecho a aprender” frente a las medidas de fuerza. En diálogo con LT9, el secretario general de ADUL, Oscar Vallejos, fue tajante: “No sorprende, lo que quieren es embarrar la cancha. El tema universitario tiene mucho apoyo social y buscan restarle fuerza a la marcha”.
Para Vallejos, el requerimiento oficial es una contradicción en sí misma. “Hacen ese requerimiento pero no asumen la responsabilidad de lo que está pasando. El Gobierno tiene que garantizar el financiamiento por ley; si cumpliera con el pago de salarios y becas, la universidad funcionaría sin paros”, sentenció el dirigente.
El costo académico del conflicto
El referente gremial ejemplificó el impacto de la crisis en la excelencia académica, relatando cómo las medidas de fuerza afectan incluso las tareas de investigación y arbitraje internacional. “A nosotros nos conviene estar trabajando. Arbitrar revistas de primer nivel mejora la posición de la Universidad del Litoral en los rankings mundiales. Todos queremos eso, no estar atravesando una crisis tan profunda”, explicó.
Preparativos para la Marcha Federal
Respecto a la movilización nacional prevista para el próximo 23 de abril, Vallejos confirmó que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios y la Federación Universitaria están coordinando una jornada histórica.
“Estamos trabajando para que la marcha sea masiva y creativa. En Santa Fe, nos reunimos con el gremio no docente (APUL), la gestión de la UNL y la FUL para organizar un acto en Rectorado y una movilización”, adelantó. El objetivo, según Vallejos, es que la protesta no sea un “espacio lacrimoso”, sino una expresión de la energía estudiantil: “Queremos la fiesta de los estudiantes reclamando por su derecho a aprender y nosotros por el derecho a salarios dignos”.
Finalmente, el secretario de ADUL subrayó que la universidad pública será el canal para que la ciudadanía exprese su descontento generalizado. “Sabemos que hay luchas iguales o más injustas, como la situación de la discapacidad, que es gravísima. Queremos que la marcha sea la reverberancia de todas esas luchas”, concluyó.
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