Hola mis queridos lectores de LT9, hasta hace algunos años, cuando hablábamos de producir soja o carne en Argentina, las principales preocupaciones estaban relacionadas con los rindes, el clima, los costos, los precios y las posibilidades de comercialización. Sin embargo, hoy aparece un nuevo requisito que comienza a modificar las reglas del comercio internacional: la trazabilidad ambiental.
Una palabra que parece complicada, pero que tiene un significado bastante sencillo. Trazabilidad es poder conocer y demostrar el origen de un producto, y seguir su recorrido desde donde se produjo hasta su destino final.
En el caso de la soja, significa poder identificar exactamente en qué campo se sembró, en qué superficie, quién fue el productor y cómo llegó esa mercadería hasta el puerto. En el caso de la ganadería, también implica reconstruir por qué establecimientos pasó un animal durante su vida.
Pero hay algo más. Ya no alcanza solamente con saber de dónde viene un producto. Determinados mercados quieren conocer también la historia ambiental de ese lugar.
Y aquí aparece una pregunta que puede cambiar las posibilidades comerciales de muchos productores argentinos: ¿ese campo fue desmontado? ¿Cuándo ocurrió? ¿Ese desmonte estaba autorizado?
Para entender por qué hoy estamos hablando de esto, tenemos que mirar hacia Europa.
En 2023, la Unión Europea aprobó el Reglamento 2023/1115, conocido como EUDR, cuyo objetivo es evitar que determinados productos que ingresan a su mercado estén relacionados con la deforestación reciente.
La normativa alcanza a materias primas como soja, ganado bovino, madera, café, cacao, caucho y palma aceitera, además de ciertos productos derivados. Para Argentina, dos cadenas especialmente relevantes son la soja y la carne vacuna.
Europa plantea que, para comercializar estos productos en su mercado, las empresas deberán demostrar que fueron producidos cumpliendo la legislación del país de origen y sin provocar deforestación posterior a una fecha determinada.
¿Cuál es esa fecha? El 31 de diciembre de 2020.
Este dato es fundamental y conviene explicarlo claramente.
Si un productor tiene un campo que fue desmontado en 2015, eso no significa que automáticamente quede excluido del mercado europeo. Si el cambio de uso del suelo se realizó legalmente, cumple con las normas ambientales correspondientes y no hubo nueva deforestación después del 31 de diciembre de 2020, ese campo podría reunir las condiciones exigidas.
Ahora imaginemos otro caso. Un productor tiene un establecimiento donde se desmontaron 200 hectáreas durante 2022 para comenzar a producir soja. Incluso si ese desmonte contó con una autorización provincial, la producción obtenida en esa superficie no cumpliría el requisito europeo de estar libre de deforestación posterior a 2020.
Y aquí aparece una diferencia muy importante: que un desmonte sea legal en Argentina no significa necesariamente que esa superficie sea apta para vender soja o carne al mercado europeo.
También puede darse la situación inversa. Un campo desmontado antes de 2020 podría tener problemas si ese desmonte violó la legislación ambiental aplicable.
Porque existen dos condiciones distintas: respetar la fecha de corte europea y cumplir la legislación argentina.
En nuestro país tenemos desde 2007 la Ley Nacional 26.331 de Protección de los Bosques Nativos. Esta legislación establece que las provincias deben ordenar sus bosques según tres categorías de conservación.
Las zonas rojas tienen un altísimo valor ambiental y no pueden desmontarse. Las amarillas permiten determinados aprovechamientos sostenibles, pero tampoco autorizan desmontes para convertirlas en agricultura. Las zonas verdes, en cambio, pueden admitir cambios de uso del suelo, siempre que se obtengan las autorizaciones correspondientes.
Por eso, cuando hablamos de campos del norte santafesino, Chaco o Santiago del Estero, donde existen importantes superficies de bosque nativo y también una gran actividad agropecuaria, es indispensable conocer la historia de cada establecimiento y la clasificación ambiental de sus tierras.
Ahora bien, ¿qué sucede si un productor alquila un campo que fue desmontado después de 2020, aunque él no haya participado de ese desmonte?
La respuesta también es importante. La normativa europea evalúa el origen de la producción y el historial de la tierra, no solamente quién realizó la transformación.
Por lo tanto, cambiar de propietario, alquilar el establecimiento o comenzar a producir varios años después no elimina automáticamente el antecedente de deforestación.
Esto merece mucha atención, especialmente en un país como Argentina, donde gran parte de la actividad agrícola se desarrolla sobre campos alquilados.
Hay otra situación que debemos diferenciar. Tener monte nativo dentro de un establecimiento no significa, por sí solo, que toda su producción quede excluida. Es necesario evaluar dónde se desarrolla la actividad, qué cobertura vegetal existe, cómo está clasificada legalmente esa superficie y si hubo transformación del bosque después de la fecha de corte.
Incluso pueden surgir discusiones técnicas sobre el control de renovales, el manejo de vegetación leñosa o las diferencias entre un bosque nativo y otras formaciones vegetales. Por eso las evaluaciones deben hacerse sobre información geográfica y ambiental precisa, no simplemente porque en una imagen aparezcan árboles.
¿Pero cómo se controla todo esto?
La respuesta está en una combinación de información administrativa, geolocalización e imágenes satelitales.
Cada unidad productiva debe poder identificarse en un mapa mediante coordenadas geográficas. Eso permite reconstruir, utilizando imágenes de distintos años, si el terreno era bosque, si ya estaba incorporado a la actividad agrícola o si se produjo algún cambio de uso después del 31 de diciembre de 2020.
En Argentina se desarrolló una plataforma llamada VISEC, que reúne información de productores, establecimientos, movimientos de mercadería y antecedentes ambientales. Su objetivo es facilitar que las cadenas agroindustriales puedan demostrar el cumplimiento de los requisitos internacionales.
Para la soja, una de las herramientas principales es el RENSPA, el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, que vincula al productor con su unidad productiva. También se utilizan los límites geográficos de las superficies cultivadas, declaraciones juradas y documentación del transporte de granos.
El sistema permite vincular la soja cosechada con su origen, seguir los movimientos hacia los acopios y las industrias, y llegar hasta el embarque de exportación.
No alcanza con declarar que la producción es sustentable. Hay que poder respaldarlo con información verificable.
Y aquí aparece una de las grandes preguntas que seguramente se están haciendo muchos productores: ¿qué pasa si no tengo registrada la trazabilidad de mis lotes?
Lo primero que debemos aclarar es que no contar con esa información no significa automáticamente que esté prohibido sembrar o comercializar granos en Argentina.
Sin embargo, sí puede generar dificultades para vender a determinados compradores.
Una exportadora que necesita abastecer a Europa debe contar con documentación que permita demostrar el origen y el cumplimiento ambiental de la mercadería. Si un productor no puede aportar esa información, su soja podría no ser aceptada para ese circuito comercial.
Esto no implica necesariamente que no pueda venderla en absoluto. Podrían existir compradores o destinos que no exijan ese mismo requisito. Pero las alternativas concretas dependerán de los contratos, de la demanda y de cómo se organice la comercialización.
También debemos preguntarnos qué ocurre cuando un campo efectivamente fue desmontado después de 2020.
En ese caso, si el cambio de uso encuadra dentro de la deforestación definida por el reglamento europeo, la producción de esa superficie no sería elegible para ese mercado, aunque el productor tenga todos los papeles del establecimiento.
Es decir, hay una diferencia entre no tener los datos cargados, una situación que podría resolverse completando la información, y tener un campo que no cumple los requisitos ambientales.
¿Y todas las exportadoras van a exigir esta trazabilidad?
La respuesta es que no existe una obligación europea que alcance por igual a todas las exportaciones argentinas, cualquiera sea su destino.
La norma se aplica a los productos comprendidos que ingresan al mercado de la Unión Europea. Pero las empresas argentinas que abastecen a esos compradores pueden trasladar las exigencias a sus proveedores.
Incluso una exportadora podría solicitar trazabilidad a un número amplio de productores, aunque no toda esa soja termine viajando a Europa, para organizar sus compras, separar mercaderías y asegurarse disponibilidad de producto elegible.
De hecho, durante la campaña 2026/27 algunas empresas agroexportadoras ya comenzaron a incorporar cláusulas relacionadas con VISEC o EUDR en los contratos de compraventa de soja. No todas adoptaron exactamente las mismas condiciones.
Y en octubre de 2026 apareció otra novedad: A3 Mercados anunció una modalidad para negociar diferencias de precio entre soja convencional y soja registrada bajo VISEC.
Esto abre una pregunta económica interesante. ¿La soja con trazabilidad ambiental tendrá un precio diferente? ¿Se pagará más por cumplir estos requisitos o simplemente se transformará en una condición necesaria para acceder a determinados compradores?
Todavía no podemos asegurar que exista un premio generalizado. Lo que sí empieza a observarse es que la documentación ambiental puede influir en las condiciones de comercialización.
En ganadería también están apareciendo cambios concretos.
Los frigoríficos que exportan a Europa necesitan demostrar de qué establecimientos provienen los animales y por cuáles pasaron durante su vida.
Durante octubre, algunos frigoríficos comenzaron a solicitar que los productores tengan la información registrada antes de enviar la hacienda. Incluso el frigorífico Gorina comunicó que, desde noviembre, exigiría que los establecimientos de origen de animales destinados a la Unión Europea estén registrados en VISEC Carne y advirtió que la falta de ese requisito podría afectar el precio de compra.
No significa que todos los frigoríficos estén aplicando automáticamente descuentos, pero sí demuestra que el impacto comercial ya dejó de ser solamente una posibilidad teórica.
Es importante aclarar que VISEC es una herramienta argentina de adhesión voluntaria, no una plataforma impuesta exclusivamente por la Unión Europea. Existen también otras opciones para demostrar cumplimiento. Sin embargo, cada comprador puede establecer qué documentación o sistemas acepta para sus operaciones.
En cuanto a los plazos, la reglamentación europea tiene previsto comenzar a aplicarse el 30 de diciembre de 2026 para los operadores grandes y medianos, mientras que para determinados operadores pequeños y microempresas europeos el plazo se extiende hasta el 30 de junio de 2027.
Esto no quiere decir que un pequeño productor argentino pueda desentenderse del tema hasta mediados de 2027. Si su comprador necesita mercadería apta para Europa desde el comienzo de la aplicación, tendrá que disponer de la información correspondiente antes de concretar la operación.
Y entonces llegamos a una cuestión de fondo.
La trazabilidad no modifica directamente el rendimiento de la soja, ni la fertilidad del suelo, ni los kilos de carne que produce un establecimiento. Pero puede modificar algo igualmente importante para cualquier empresa agropecuaria: las posibilidades de acceder a ciertos mercados y las condiciones en las que vende su producción.
Mi recomendación para los productores es empezar por conocer la situación de cada campo. Revisar que el RENSPA esté actualizado, contar con la correcta ubicación de las unidades productivas, verificar sus antecedentes ambientales, conservar los permisos de cambio de uso del suelo cuando correspondan y consultar a los compradores cuáles serán las condiciones exigidas.
En el caso de quienes alquilan campos, conocer estos antecedentes antes de firmar un contrato puede adquirir una importancia cada vez mayor.
También es necesario que los sistemas sean claros, accesibles y permitan revisar posibles errores. La trazabilidad no debería convertirse en una burocracia imposible de cumplir para quienes producen legalmente, ni en una excusa para imponer descuentos sin fundamentos transparentes.
La protección de los bosques nativos es una responsabilidad ambiental importante, pero también lo es que las nuevas exigencias comerciales se implementen de manera técnicamente correcta y con reglas conocidas por toda la cadena.
Durante muchos años el productor argentino aprendió a producir más y mejor, incorporando genética, tecnología, buenas prácticas agrícolas y herramientas de manejo.
Ahora aparece un nuevo desafío: además de demostrar cuánto producimos y con qué calidad, tendremos que demostrar dónde y bajo qué condiciones se produjo.
Porque en el comercio internacional que viene, cada vez será más importante conocer no solamente la calidad del producto, sino también la historia del campo del que salió.
La trazabilidad está empezando a transformar el origen de nuestra producción en parte de su valor comercial.
Los espero el próximo sábado para seguir conociendo mas del campo argentino.
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