Tras el anuncio del acuerdo entre el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), docentes universitarios de Santa Fe definirán este jueves por la aceptación o el rechazo de la oferta salarial.
Oficialmente se anunció un acuerdo que permitirá actualizar los ingresos de docentes y no docentes, además de garantizar partidas destinadas al funcionamiento de las casas de estudio de gestión pública.
El entendimiento contempla una recomposición del 24,33% en dos etapas: un 21,33% en julio y un 3% adicional en octubre.
La mejora incluye además la recuperación de puntos correspondientes a períodos anteriores y una compensación por la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. También se acordó un incremento del 50% para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y una asignación extraordinaria de 50 mil millones de pesos destinada a hospitales universitarios.
Definición de los gremios
La Asociación de Docentes de la Universidad del Litoral (ADUL) resolverá este jueves por la aceptación o el rechazo de la oferta. Habrá una reunión de sus delegados en la ciudad y luego participarán de manera virtual del Congreso de la Conadu Histórica, la cual sentará la postura definitiva que será informada a la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
El resultado de estas reuniones tendrá injerencia en la medida de fuerza ya lanzada para la próxima semana entre martes 16 y el sábado 20 de junio.
Oscar Vallejos, secretario general de Adul, aclaró que por ahora los que dieron el visto bueno fueron los rectores del Concejo Interuniversitario Nacional (CIN), pero que los trabajadores docentes y no doncentes estarán analizando la porpuesta este jueves.
Valoración
Desde el Gobierno interpretaron el resultado como una señal de que pudieron sostener su postura en la negociación sin afectar el objetivo de equilibrio fiscal. En ese sentido, remarcaron que la oferta presentada fue la máxima alternativa posible dentro de las restricciones presupuestarias vigentes.
Sin embargo, el acuerdo no implica el cierre definitivo de la controversia. Las autoridades universitarias confirmaron que mantendrán su reclamo ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue vetada por el Poder Ejecutivo y cuya validez sigue bajo análisis judicial.
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