Las prácticas de cobranza que exceden el reclamo directo de una deuda y derivan en llamados insistentes, contactos con familiares o compañeros de trabajo, mensajes intimidatorios y comunicaciones fuera de horario son el eje de un proyecto presentado en la Legislatura santafesina.
La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Germán Scavuzzo, busca establecer límites para las empresas y agencias de cobranzas, garantizar información clara sobre las obligaciones reclamadas y proteger a los deudores de situaciones de hostigamiento, sin impedir el cobro de deudas legítimas.
En diálogo con Amanecer no es poco, Scavuzzo explicó que el proyecto surgió a partir del aumento de las denuncias recibidas en la Oficina de Derechos Ciudadanos, Usuarios y Consumidores de Rosario y de situaciones detectadas durante recorridas con distintos sectores de la sociedad civil.
Reclamos que alcanzan a familiares y lugares de trabajo
El legislador señaló que algunas de las situaciones denunciadas exceden el contacto directo con la persona que tiene la deuda.
Entre los casos mencionó comunicaciones dirigidas a empleadores, compañeros de trabajo, familiares e incluso personas vinculadas al deudor a través de las redes sociales.
“Lo que recepcionamos son situaciones de acoso y hostigamiento, no solo telefónicos sino por las vías de comunicación más habituales como los correos electrónicos o las plataformas digitales”, explicó.
Según detalló, las empresas o agencias de cobranzas pueden comunicarse a través de llamadas, correos electrónicos, Instagram o WhatsApp, y en algunos casos intentan contactar a personas del entorno del deudor.
Para Scavuzzo, el proyecto apunta a establecer un límite claro entre una gestión de cobro legítima y aquellas prácticas que generan intimidación o vulneración de derechos.
Información clara y límites para las cobranzas
La iniciativa propone que toda persona que reciba un reclamo pueda conocer con precisión cuál es la deuda que se le exige pagar.
La comunicación deberá identificar al acreedor original, informar el capital de origen y discriminar los intereses u otros conceptos incluidos en el monto reclamado. También deberá precisar quién realiza la gestión de cobro y, en caso de que el crédito haya sido cedido, cuándo se produjo esa cesión.
“Nosotros lo que pretendemos es que haya claridad en la gestión de cobros”, afirmó el diputado.
El proyecto también establece una serie de prácticas que quedarían prohibidas. Entre ellas, realizar comunicaciones entre las 22 y las 9 del día siguiente, enviar más de un correo electrónico por día o más de dos comunicaciones formales por semana.
Además, busca impedir los contactos con familiares, vecinos, compañeros de trabajo u otras personas que no tengan relación con la deuda.
Tampoco se permitiría el envío de documentación que simule tener origen judicial o pertenecer a organismos públicos, ni el uso de mensajes intimidatorios vinculados con supuestos embargos, clausuras, secuestros de bienes o cierres de cuentas.
“Las deudas se honran, pero hay límites”
Scavuzzo remarcó que la propuesta no busca impedir el cobro de obligaciones legítimas, sino regular la manera en que se realizan esos reclamos.
“Las deudas se honran, hay que pagarlas. Ahora, lo que eso no puede significar es una vulneración de derechos”, sostuvo.
En ese sentido, planteó que una empresa puede reclamar una deuda de manera formal, informar con claridad el monto adeudado y establecer canales de diálogo para analizar alternativas de pago o refinanciación.
Lo que busca evitar la iniciativa son las situaciones de presión o intimidación. Como ejemplo, el diputado cuestionó los llamados nocturnos en los que se utiliza la amenaza de un posible embargo para presionar a una persona a refinanciar una deuda.
“Hay mil formatos que se pueden adoptar para resolver una situación de una deuda. Lo que no puede pasar es que haya imposición”, expresó.
El proyecto establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Productivo, a través del área provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores. También contempla sanciones para las empresas que, aun estando radicadas fuera de Santa Fe, realicen prácticas contrarias a la normativa dentro del territorio provincial.
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