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Citaron a indagatoria a los exdirectivos de la Agencia de Inteligencia por espionaje político

Las citaciones para Arribas y Majdalani se fijaron para la próxima semana. El juez les impuso una caución real de 20 millones de pesos y ordenó la entrega de sus pasaportes.
JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó a declaración indagatoria a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por supuestas maniobras de espionaje político ilegal en la provincia de Buenos Aires.

En el mismo fallo, el juez les impuso a Arribas y Majdalani la prohibición de salir del país, les fijó una caución real de 20 millones de pesos a cumplimentar en los próximos tres días y les ordenó la entrega de sus respectivos pasaportes, según consta en el fallo de más de 300 páginas al que accedió Télam.

El magistrado los convocó en el marco de una investigación a partir de la que se detectó una red de espías que operó de manera ilegal en el territorio bonaerense bajo el paraguas del "Proyecto AMBA" de la AFI para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas.

El juez destacó que las 6 bases AMBA instaladas en la provincia de Buenos Aires no funcionaron para aquello para lo que fueron promovidas: "Si bien para el discurso público se crearon para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas, como veremos, en la práctica se utilizaron casi exclusivamente para realizar espionaje interno de tipo político".

Las citaciones se ordenaron en el marco de la causa en la que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio como miembros de una asociación ilícita dedicada a la extorsión y el espionaje ilegal y se fijaron para el martes próximo a las 11, en el caso de Arribas, y para el miércoles, en el caso de Majdalani, según el fallo al que tuvo acceso Télam.

Además, Ramos Padilla convocó a indagatoria para octubre a otros imputados en esta parte del caso el expolicía bonaerense Daniel Salcedo, amplió el procesamiento al también excomisario bonaerense Ricardo Bogoliuk por "realización de acciones de inteligencia prohibidas" y procesó sin prisión preventiva al exespía Pablo Pinamonti, quien estuvo a cargo del proyecto AMBA.

A Pinamonti lo acusó de la "realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautor, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias",

La acusación también apunta a "haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de autor".

El despliegue territorial de las maniobras incluyó bases de la AFI en Ezeiza, Haedo, San Martín, Quilmes, Pilar y La Matanza (conocidas como las "bases AMBA") que funcionaron en coordinación con las "bases históricas" del organismo en grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, según se desprende del fallo.

De la investigación judicial surge que, por ejemplo, en los informes de inteligencia elaborados por la Delegación Provincial Ezeiza -que estaba bajo las órdenes de Bogoliuk- "prestaron un puntual interés en las actividades políticas, sociales, partidarias y gremiales desarrolladas por las organizaciones y como así también por los referentes y/o militantes con presencia territorial en el ámbito de actuación de los partidos de Ezeiza y Esteban Echeverría".

Se encontraron informes de inteligencia con relación a las organizaciones sociales o políticas identificadas como CTD Aníbal Verón, Quebracho, Corriente Patria para Todos, Movimiento Popular Antiimperialista, Resistiendo con Aguante, Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Comisión Provincial por la Memoria, Miles, La Cámpora, Corriente Javier Barrionuevo y el Frente Popular Darío Santillán, entre otras.

Otro de los objetivos recurrentes mencionados en los documentos de inteligencia detectados por la justicia "se vinculaba con el monitoreo de las actividades de campaña electoral de los partidos políticos opositores, en los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires, con miras a las elecciones desarrolladas en el año 2017", según resaltó el juez Ramos Padilla.

"Se pudo observar que las actividades de inteligencia desplegadas por las bases dependientes de Pablo Pinamonti, se enfocaron en obtener información personal de los ciudadanos que convocaban a actividades proselitistas, la identidad de las personas que asistían a dichos eventos, los vehículos en los que se trasladaban y los perfiles de redes sociales desde los que se convocaban a estas actividades o actos políticos", detalló Ramos Padilla.

De la resolución surge también que en su última declaración Pinamonti aseguró que él efectuaba reportes diarios de la información de inteligencia producida por las nueve delegaciones provinciales directamente a la Subdirección de la AFI, a cargo Majdalani.

Como parte del seguimiento dado a las actividades de la campaña electoral desde estas delegaciones provinciales, "se observa un documento de la Base Ezeiza de fecha 23 de septiembre de 2017, en el que se realiza un análisis sobre el acto llevado encabezado ese mismo día por la entonces candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner en la localidad de Canning", escribió Ramos Padilla.

En el informe se reseña quiénes fueron las oradoras, el número estimado de asistentes y se realiza un detalle de las diferentes chapas patentes de los micros y minibuses utilizados para trasladar a asistentes al acto político, por lo que el magistrado descartó que los informes tuviesen por objetivo proteger a la entonces candidata opositora, algo que había utilizado Pinamonti en su descargo.

Los informes sobre los actos encabezados por Fernández de Kirchner fueron elaborados "con la clara finalidad de exponer su contenido político y no para alertar acerca de posibles riesgos para la seguridad pública que, en cualquier caso, deberían ser alertas anticipatorias de los eventos para prevenir aquellos riesgos, pero nunca con posterioridad a que sucedan".

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