Hernán Augusto Martínez, abogado patrocinante Marcelo Sain, se refirió en Primera Mañana por LT9 a la decisión de la justicia laboral santafesina de dar lugar al recurso de amparo presentado por el exministro de Seguridad y ordenar además "dejar sin efecto y archivar" el trámite iniciado en la Legislatura para suspenderlo como director del Organismo de Investigaciones de la fiscalía.
"Estamos satisfechos con el fallo de la jueza Calace Vigo" que -explicó Martínez- se basa en la "no retroactividad de las leyes y no se ocupa del mecanismo sancionatorio de fiscales", tema que quedó fuera de la resolución.
Respecto al allanamiento de la Fiscalía de Estado al mencionado amparo a través del decreto 1024 del Gobernador, el representante del exfuncionario de Perotti dijo que "va en línea con el veto que en su momento había hecho el Ejecutivo al vetar la denominada Ley Anti Sain".
"Los fundamentos basales fueron tres: la Ley Anti Sain no se puede aplicar retroactivamente, porque hicieron una ley a medida del funcionario para echarlo del organismo. Segundo: no puede ser juzgado por actos que realizó que tuvieron lugar mientras era ministro de Seguridad, no director del Organismo de Investigaciones", enumeró Martínez.
Y por último, dijo que está el "punto sobre el cual la Provincia no se allana" y es lo referido a "la autonomía del MPA en torno a la facultad disciplinaria de la Legislatura, algo que se viene discutiendo no solo en torno a la figura del Organismo sino también de los fiscales de grado".
Respecto a la estrategia de la parte denunciante, el abogado expresó: "Entiendo que no hay posibilidad de apelación ya que la legitimidad procesal la tiene el Ejecutivo, que al allanarse cierra esa posibilidad. Sain nunca cesó en sus funciones como director del OI, no se necesita acto administrativo alguno".
Entretelones
La Comisión de Acuerdos de la Legislatura tenía previsto reunirse este miércoles para tratar la propuesta de suspender a Sain de su cargo en la OI –obtenido por concurso en 2018- por 180 días y reducir su salario en un 50 por ciento.
Esas sanciones eran parte de un proceso contra el ex funcionario a raíz de la denuncia de un fiscal regional y de 27 diputados, que lo acusaron de cometer “faltas graves” por su desempeño como ministro.
Sain obtuvo en 2018, por concurso, el puesto de director del OI, una suerte de policía judicial que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En diciembre de 2019 pidió licencia al MPA para asumir como ministro de Seguridad y, tras su renuncia en marzo pasado al Ejecutivo, solicitó suspender la licencia sin goce de sueldo para reincorporarse al OI, lo que finalmente ocurrió el 31 de marzo.
Tras su renuncia, el fiscal regional Carlos Arietti y 27 diputados presentaron cargos en su contra por presuntas irregularidades en una licitación de compra de armas; por hacinamiento en las cárceles provinciales; conducta “infamante y difamatoria” por dichos en audios privados de Whatsapp que salieron a la luz; y existencia de investigaciones penales preparatorias que lo tendrían como investigado.
Además, la Legislatura provincial –con varios de cuyos integrantes Sain mantuvo como ministro una fuerte disputa-, sancionó una norma de incompatibilidades para ejercer el cargo de director de la OI, entre las que incorporó la de no haber sido funcionario del Poder Ejecutivo en los dos años anteriores, conocida como “ley anti-Sain”.
El exministro presentó la semana pasada una solicitud de amparo para que la comisión de Acuerdos de la Legislatura se abstenga de sancionarlo.
Entre otros argumentos, expuso que la ley de incompatibilidades no es aplicable a su caso porque fue sancionada luego de obtener el cargo en la OI, y señaló que las acusaciones en su contra fueron por su desempeño como ministro, en un poder diferente al cargo en el MPA en el que se lo pretende sancionar ahora.
Al correr vista del amparo a la provincia, que es la demandada, el gobernador Perotti instruyó al Fiscal de Estado para que se allane al planteo de Sain.
Consideró que “el procedimiento disciplinario iniciado al actor y que tramita ante la Honorable Cámara Legislativa afecta derechos protegidos por el ordenamiento jurídico y que el juzgamiento disciplinario a un funcionario público por hechos cometidos en el ejercicio de una función política, y en uso de licencia en el organismo de origen, afectan derechos subjetivos tutelados por el ordenamiento jurídico”.
Además, recuerda que tras su renuncia al Ministerio de Seguridad la Legislatura inició un juicio político a Sain por las mismas causas, que fue archivado pues no puede removerse a un funcionario que ya dimitió a su cargo.
El Fiscal de Estado entendió, además, que no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, atento a que ya fueron analizados en el fallido juicio político.
La nota completa acá
Con información de la Agencia Télam
