La Defensoría del Pueblo de Santa Fe manifestó su preocupación ante informaciones que dan cuenta de nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos de gas y energía eléctrica que rondarían entre el 25 y 30 por ciento. Desde la institución le manifestaron al ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel, que, de producirse, éstos impactarán fuertemente en los usuarios residenciales y pequeñas y medianas empresas (pymes).

En una nota enviada a Iguacel, la Defensoría recordó que en lo que respecta al gas natural por red, el aumento con relación a igual bimestre del año anterior fue del 100 por ciento, y en cuanto a la energía eléctrica mayorista se pasó de 640 pesos el megavatio (valor de julio de 2017), a 1.077 pesos en la actualidad, lo que representa un 70 por ciento de incremento. “Es de destacar que estos aumentos en la energía operada en el mercado mayorista colocarán a las distribuidoras provinciales (empresas o cooperativas) en la disyuntiva de transferirlo a los usuarios o generar deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa)”, se razonó en la carta.

Cabe señalar que, en todas las audiencias públicas, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe se manifestó observando la reducción de subsidios sin considerar el impacto social de dicha política sistémica y la dolarización de los valores de generación de la energía, adelantando que ello tendría como consecuencia tarifas muy elevadas que impactarían especialmente en los usuarios residenciales y las pymes del país.

Por parte, desde la institución mencionaron que no se puede soslayar que a los aumentos proyectados nacionalmente se le sumarían otros aplicados por las distribuidoras, que en el caso del gas y según el marco regulatorio, ajustan sus tarifas tomando como referencia la variación del índice de precio mayorista que sólo en el último trimestre representó un incremento del 15,8 por ciento según los valores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Finalmente, la Defensoría del Pueblo recordó también que “tienen plena vigencia los preceptos de la Corte Suprema de la Nación con relación a los aumentos en las tarifas de los servicios públicos esenciales, los cuales deben ser proporcionales, razonables y graduales; y que ningún aumento podrá aplicarse sin antes convocarse a audiencias públicas”, por lo que solicitó al funcionario nacional que garantice el cumplimiento de este mandato del Máximo Tribunal.