La causa que investiga cómo se filtraron las escuchas telefónicas que fueron realizadas al celular oficial del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Santa Fe. El flamante episodio fue el martes luego de que el juez Sergio Carraro, del Colegio de Jueces Penales de Santa Fe, dictó una resolución donde admite al funcionario provincial como querellante en la pesquisa judicial que es encabezada por los fiscales de Rosario, Juliana González y Gustavo Ponce.

El ministro de Seguridad ahora tendrá participación en la investigación y lo hará mediante su abogado, Pablo Cococcioni. Este último se desempeña como funcionario del gobierno provincial, ya que es el titular de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Articulación con el Poder Judicial.

La constitución de querellante iba a ser en una audiencia, pero tras la presentación de un escrito del abogado Néstor Oroño en la jornada del martes, que representa a los fiscales que están siendo investigados en la causa, Roberto Apullán y María Laura Martí, la admisión fue automática.

El caso remonta al 2017, cuando el titular de la cartera de Seguridad denunció la divulgación de las escuchas que formaban parte de una intervención telefónica a su móvil oficial. Dicha intervención se produjo por orden del juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Falkenberg, cuando los fiscales Apullán y Martí investigaban al exjefe de Policía, Adrián Rodríguez, por cohecho.

En aquel entonces, Rodríguez fue detenido por agentes de Asuntos Internos el 9 de octubre del año pasado cuando se encontraba en funciones en la Unidad Regional V con sede en la ciudad de Rafaela (departamento Castellanos). Un día después, fue liberado por orden del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, tras una instrucción que envió al fiscal Apullán para que la investigación continúe pero con el comisario en estado de libertad. Dos semanas después, ya en Fiscalía, Apullán citó a Rodríguez para imputarlo, pero unos minutos previos a la audiencia fue apartado por Arietti, ya que la investigación había cambiado de área en el Ministerio Público de la Acusación y por ello terminó en las manos del fiscal de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández.

Un mes después, a principios de noviembre, las escuchas en las que estaba involucrado el ministro Pullaro comenzaron a circular por redes sociales, en un principio, y luego por medios de comunicación de la capital provincial y también de la región. Esa situación motivó al titular de la cartera de Seguridad a que radique una denuncia el 7 de noviembre con el fin de que se investigue cómo se filtraron esos audios que se encontraban en sede judicial.

Fuente: Uno Santa Fe