La vicepresidenta Gabriela Michetti oficializó hoy la convocatoria a la sesión de mañana para discutir la ley de legalización del aborto.

Según lo estipulado, el debate comenzará a las 10.30 y si bien se desconoce la duración total de la sesión, se descuenta que será una jornada maratónica que podría extenderse hasta bien entrada la madrugada del jueves.

El decreto firmado este lunes por la presidente de la Cámara alta comprende la iniciativa de interrupción voluntaria del embarazo aprobada con media sanción en Diputados y una serie de pliegos judiciales que serán tratados en el arranque de la sesión.

Luego de ocho audiencias con más de 140 expositores que dieron argumentos a favor y en contra de la medida, finalmente el Senado pondrá término a un debate que lideró la discusión pública durante meses.

En la última semana, se consolidó la postura del "no", que estiró la ventaja en el recuento preliminar de votos: los "celestes" cuentan con 37 votos, mientras que los "verdes" tienen 31, cuando restan apenas dos indecisos.

De esta manera, el Senado se encamina al rechazo pese a que el grupo de senadores promotor del proyecto de aborto legal acordó con un grupo de indecisos modificaciones para moderar el texto original y así sumar más voluntades.

Si finalmente se impusiera el "No", el proyecto no podría volver a tratarse sino hasta el 5 de marzo del año que viene, ya que la ley prevé que, en caso de rechazo, tiene que pasar un año desde la fecha original de presentación.

Para prevenir situaciones conflictivas durante una sesión histórica que tendrá una alta carga pasional y que se extenderá por largas horas, la Dirección de Seguridad y Control del Senado dispuso una serie de medidas de seguridad.

Entre ellas, se decretó el asueto para el personal administrativo que no esté afectado a la realización de la sesión, en tanto que se autorizará el ingreso al Palacio exclusivamente al personal acreditado previamente y con identificación especial para asistir al evento.

Por otra parte, se espera un fuerte dispositivo de seguridad en toda la zona del Congreso y un perímetro policial alrededor del Palacio Legislativo, para controlar los ingresos, en medio de las concentraciones de la militancia a favor y en contra de la iniciativa.