Milagro Sala inició este miércoles una huelga de hambre seca tras haber sido trasladada a una cárcel federal en Salta. En simultáneo, su defensa legal presentó un habeas corpus en el que exigen a la Corte Suprema de Justicia el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dictó la prisión domiciliaria para la dirigente. "Milagro Sala inició una huelga de hambre seca tras ser trasladada arbitrariamente al Penal Federal de Salta", anunciaron voceros de la dirigente en las redes sociales, luego de que fuera notificada este martes a las 22:00 de su traslado al Complejo Penitenciario Federal III de la localidad de Güemes. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, y Amnistía Internacional Sección Argentina presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por el "palmario incumplimiento de las medidas provisionales dictadas" por ese organismo y ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La presentación hecha por la defensa de Sala ante la Corte Suprema señala que la decisión del juez Pablo Pullen Llermanos "hace incurrir al Estado argentino en responsabilidad internacional, en tanto implica incumplir resoluciones que son obligatorias". Y señala que, "si bien las cuestiones relativas a la acción de habeas corpus resultan en principio ajenas a la instancia extraordinaria, corresponde que la Corte intervenga para reguardar la vigencia del instituto cuando lo contrario implicaría frustrar la esencia de la acción intentada". "El rechazo de esta presentación implicaría dejar librado al azar el devenir del estado de salud de Milagro Sala, ante un cuadro de extrema gravedad de urgencia provocado en gran medida y como ha expresado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los tribunales ante los que correspondería interponer el habeas corpus en condiciones normales de legalidad", advirtieron los abogados defensores de la líder de la Tupac Amarú. Gastón Chillier, en representación del CELS; Ana Laura Lobo Stegmayer, en representación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales; y Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional argentina, señalaron ante la CIDH que el traslado de Sala -que cumplía prisión domiciliaria en el barrio El Carmen de Jujuy- se produjo "de modo intempestivo, sin aviso previo alguno a ella o a su defensa, en el instante en que concluyó una audiencia de juicio que la tiene por imputada". De este modo, tras salir del debate, fue directamente abordada por los efectivos que allí estaban para dar cumplimiento a la manda judicial y subirla ahí mismo, y sin más, al camión de traslado a la cárcel federal.
