El Ministerio de Seguridad de Santa Fe suspendió por tiempo indeterminado todas las licencias, ordinarias y extraordinarias, que tenían los efectivos policiales de la provincia de Santa Fe, a raíz de los ataques a balazos perpetrados contra inmuebles vinculados a funcionarios y magistrados que intervinieron en la investigación judicial que condenó a la banda rosarina Los Monos.

El texto de la Resolución Ministerial Nº 2.022 establece que ante la "imperiosa necesidad de disponer una serie de medidas urgentes y extremas, a partir de acontecimientos delictivos sucedidos en la ciudad de Rosario, que consistieron concretamente en balaceras contra distintos inmuebles asociados a magistrados intervinientes en el juzgamiento de la banda Los Monos".

En este sentido se dispuso suspender el otorgamiento de licencias ordinarias, extraordinarias y/o excepcionales al personal policial, y los permisos, excepto para las policías embarazadas o que estén en la etapa de amamantar.

La medida requerida por el Secretario de Seguridad Pública Omar Pereyra y firmada por el gobernador Miguel Lifschitz fue adoptada luego de que fueran asignados 180 efectivos a la custodia de funcionarios judiciales abocados a causas de Los Monos y "lugares sensibles"

"Se debe contar con la mayor cantidad de personas a fin de reforzar la prestación del servicio de seguridad en todos sus niveles mientras dure la situación", señala la resolución, que es de "cumplimiento obligatorio" e involucra "a todo el personal de la Policía de Santa Fe".

Por otra parte, la cartera de Seguridad que comanda Maximiliano Pullaro ordenó a los jefes de todas las reparticiones a ampliar el horario del personal, eficiencia en la cobertura de turno, reducir al mínimo la cantidad posible de uniformados destinados a tareas administrativas para cubrir mejor el patrullaje de las calles.

Asimismo, se prohibió al personal asignado a custodias utilizar sus teléfonos celulares personales y otros dispositivos electrónicos, para lo que determina la "estricta aplicación de las normas disciplinarias vigentes, tanto para el personal que haya incurrido en el incumplimiento de las medidas que se adoptan mediante la presente resolución como al jefe a cargo de la dependencia en la cual presta servicios”.

 Por último, la resolución ministerial ordena que la Jefatura de Policía de la provincia conforme un Comité de Crisis para evaluar la marcha de las medidas.