La legislatura de Tucumán avanza en un proyecto de ley que busca prohibir el aborto en casos de violación -autorizado por la legislación nacional- y 29 diputados provinciales, más de la mitad de la Cámara, ya anticiparon su voto a favor de la iniciativa.
El principal argumento de los diputados es que el aborto está en contra de los principios de las constituciones nacional y provincial.
Sin embargo, el Código Penal establece desde 1921 que el aborto está autorizado en los casos de violación y en 2012 fue la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación la que, en el llamado "fallo FAL", dejó en claro su legalidad al avalar la interrupción del embarazo de una adolescente que había sido violada por su padrastro.
Fuerte repudio de organizaciones, legisladores, periodistas y artistas
Organizaciones sociales, legisladores de distintos partidos políticos, periodistas, actrices y escritoras repudiaron el proyecto este proyecto que ya consiguió el apoyo de una mayoría de los legisladores tucumanos.
"Queda prohibida la discriminación al niño por nacer, gestado por causa de violación" dice el proyecto. Léase: no me importa que te hayan violado, debés continuar el embarazo. El Código Penal prevé que el aborto por violación es legal y no puede modicarse por leyes provinciales", tuiteó el diputado nacional del PRO, Daniel Lipovetzky, uno de los principales impulsores del proyecto.
"#ESImportante que en #Tucumán la dirigencia conozca los contenidos de Educación Sexual y los principios elementales del derecho. No podemos seguir siendo noticias por estos papelones", escribió en su cuenta de Twitter la Diputada Nacional por Tucumán del Bloque Evolución Radical, Teresita Villavicencio.
Por su parte, la Fundación Huésped escribió en su cuenta que "una ley así de la Legislatura de Tucumán sería claramente inconstitucional. El Código Penal es derecho común en toda la república y la violación es una de las causales para el aborto legal. Las provincias no pueden legislar sobre eso".
La iniciativa también generó el rechazo de organizaciones como Amnistía Internacional o el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).