Por segunda vez en menos de 24 horas, un edificio público de Rosario fue atacado a balazos por dos hombres desde una moto. Los disparos sonaron fuerte pasada la medianoche del miércoles en la Fiscalía Regional ubicada sobre Montevideo al 1900, aunque su fachada no sufrió impactos. Sí tres domicilios contiguos, entre ellos la salida lateral del sanatorio Plaza, que recibieron siete tiros calibre 9 milímetros. La Fiscalía Regional ya había sido atacada con media docena de balazos la madrugada del 14 de agosto pasado. "Todas las hipótesis investigativas están abiertas", referenciaron en rueda de prensa los fiscales de la Unidad de Gravedad Institucional Matías Edery, Miguel Moreno y Aníbal Vescovo al hablar de los últimos ataques mafiosos contra el Concejo Municipal y la sede local de Fiscalía.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia emitió un decreto ofertando una recompensa de 2 millones de pesos para quien aporte "datos útiles, relevantes y decisivos al esclarecimiento de los atentados perpetrados contra edificios públicos" de Rosario. Aquellos que cuenten con información relevante deben comunicarse a la línea gratuita 0800-444-3583. En agosto pasado, tras el ataque a la Fiscalía Regional, el mismo ministerio había lanzado un decreto similar para recolectar información.

Horas después, el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, ordenó el relevo de toda la cúpula de la Policía de Rosario y de la conducción de la Policía de Investigaciones.

El último

El ataque ocurrido ayer a la 0.40 contra la sede de la Fiscalía Regional fue un calco de la mayoría de los atentados contra bienes que pertenecieron a investigadores y jueces que llevaron a la cárcel a la banda de Los Monos, e instituciones públicas como el Centro de Justicia Penal (CJP), los Tribunales provinciales, la Fiscalía y el Concejo.

Una moto con dos ocupantes pasó por el frente y, sin detenerse, el acompañante abrió fuego indiscriminadamente. Como en el ataque del miércoles a la madrugada al Palacio Vasallo, los tiradores dispararon a una altura menor al metro, pero no dejaron ningún cartel reivindicatorio del atentado. Dentro de la Regional había un policía de consigna, que fue quien dio aviso de la agresión. Y en las inmediaciones de los Tribunales y la Fiscalía, dos lugares que ya habían sido atacados a balazos, no había un móvil de custodia.

Respecto a las líneas de investigación y posibles autores intelectuales de la última saga de ataques, reabiertas el 10 de diciembre con los atentados al CJP y a los Tribunales, el fiscal Moreno indicó: "La realidad indica que hay una superabundancia de grupos que actúan con este modus operandi de dos personas en motos disparando contra grupos de personas, edificios públicos o casas particulares y que, a partir de esta proliferación de mano de obra delictiva, hay mucha gente dispuesta a aprovecharla".

Otro dato que suministraron los fiscales fue que la grafía de los carteles —de la saga "con la mafia no se jode"— no son peritables.

"Se pueden establecer patrones de similitud, pero no son peritables en términos caligráficos. No son escrituras. Son dibujos de letras. No obstante eso, las líneas de investigación que llevamos adelante son las que conocen y que tuvieron como desenlace las imputaciones de octubre y otras que se mantienen en reserva", explicó por su parte el fiscal Edery.

Como ya había sucedido con la balacera contra el Concejo, el golpe contra Fiscalía motivó que la pata política local y nacional marcara una clara posición de repudio. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par santafesino, Pullaro, fustigaron los ataques (ver página 8). Por ahora, los pesquisas no descartan ninguna hipótesis.